El Gobierno de La Rioja incorporará a los principales municipios riojanos a la Red SARA
Con la firma de este convenio, el Gobierno de La Rioja "continúa avanzando en el proceso de conseguir una administración más cercana al ciudadano, que facilite y simplifique los trámites administrativos y que avance en ofrecer nuevos servicios de Administración electrónica".
El acuerdo se concreta fundamentalmente en que la Comunidad Autónoma de La Rioja promoverá el acceso de los ayuntamientos riojanos a la Red SARA del Gobierno central. En la actualidad los ayuntamientos de Logroño, Arnedo y Calahorra ya se han sumado a la misma, y el Gobierno riojano quiere ir incorporando al resto de cabeceras de comarca.
La extensión de la Red SARA a las entidades locales es uno de los objetivos incluidos en el proyecto 'Ayuntamientos 2.0' que el Ejecutivo riojano ha iniciado este año para dotar a los municipios riojanos de mejores infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones, y de herramientas informáticas que contribuyan a ampliar y mejorar el servicio que las Administraciones locales riojanas prestan a los ciudadanos.
La red SARA permite la interconexión de las administraciones públicas y facilita el intercambio de información y servicios entre ellas. A través de esta red los Ministerios, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y otros organismos públicos pueden interconectar sus redes de una manera fiable y segura.
Asimismo, el convenio reproduce nuevamente el esquema de colaboración entre Administraciones públicas en otros servicios propios de la Administración Electrónica, entre los que destaca el referido a la firma electrónica.
El uso compartido de una plataforma como @firma permite al Gobierno autonómico admitir certificados expedidos por las 12 entidades de certificación reconocidas en nuestro país, entre las que se incluye el DNI electrónico o el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Según los últimos datos obtenidos, en abril de 2010 se cursaron 46.776 firmas a través del sistema de @firma, lo que supone suprimir más de 500.000 transacciones al año que anteriormente se realizaban de forma presencial y que ahora se realizan mediante remisión o envío telemático con firma electrónica.