El Parlamento abordará la rebaja del sueldo de los diputados cuando el Gobierno central concrete las medidas
Fuentes parlamentarias informaron a Europa Press de que la Mesa de la Cámara se limitó en su reunión de hoy a dar cuenta de la existencia de sendos escritos de grupo socialista y de grupo popular demandando una rebaja del sueldo de los diputados, y no se produjo debate alguno al respecto porque el asunto se abordará cuando el Gobierno de la Nación haya concretado las medidas.
Como se recordará, el Grupo Parlamentario Socialista recoge en su escrito que, dadas las circunstancias económicas que marcan la actualidad, y en apoyo de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno para acelerar la reducción del déficit público, "deben acometerse actuaciones del mismo tenor en esta sede parlamentaria". El PSOE-A respalda una rebaja del quince por ciento en el sueldo de los diputados.
En este sentido, entiende que dichas acciones de reducción del gasto público que afectan al sector público deben ser aplicables y extensibles al sueldo de los diputados y diputadas que forman parte del Parlamento de Andalucía. Dado que las retribuciones de los miembros de la Cámara "quedan debidamente fijadas en el régimen económico y ayudas de los diputados previstos para cada año", el grupo socialista solicita a la Mesa del Parlamento que acuerde modificar la cuantía de las retribuciones aplicando la reducción correspondiente en el sueldo de todos los parlamentarios.
Por su parte, el Grupo Popular registró también la pasada semana en la Cámara un escrito ante la Mesa del Parlamento y una proposición no de Ley, donde pide que se aplique una reducción de un 15 por ciento de las retribuciones anuales de los diputados autonómicos y de los altos cargos de los órganos de extracción parlamentaria con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía.
En la proposición no de Ley, los 'populares' también demandan una reducción salarial del 15 por ciento de las retribuciones anuales de los altos cargos de la Administración andaluza, organismos autónomos, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, entidades de derecho público, entidades asimiladas y del personal de confianza de la Administración autonómica cuyas retribuciones netas mensuales superen los 3.000 euros.