Tribunales.- El cabo que abrió la investigación del caso de las facturas se querella contra el alcalde de Baena
Así, según se indica en dos demandas de conciliación formuladas por el cabo y su esposa, a las que ha accedido Europa Press y que son previas a la presentación de dicha querella, el guardia civil y su mujer, la ex contable del empresario cuya denuncia dio origen al caso, pero que luego se retractó y dijo que denunció bajo coacciones y amenazas del citado cabo, entre otros, entienden que han sido objeto del "injusto oprobio", en diferentes formas y momentos, por parte del alcalde baenense, Luis Moreno, y el primer teniente de alcalde, Jesús Rojano, por un lado, y por los tenientes de alcalde José Calvo y María Jesús Serrano, por otro lado.
De este modo y según recoge la demanda referida al alcalde y Rojano, a raíz de que el empresario se desdijera de su denuncia inicial, "se inicia un acoso mediático por parte de Luis Moreno y Jesús Rojano" contra el guardia civil y su esposa, a lo que se suma que el alcalde y Rojano, "de manera reiterada, tanto en plenos del Ayuntamiento, como a través de distintos medios", hicieron "graves acusaciones" contra la ex contable y su esposo, llegando Moreno a afirmar que el caso de las facturas tiene su origen en "una trama que tiene como colaborador a un cabo de la Guardia Civil, Pablo Muñoz, hermano de la concejal de IU", María José Muñoz, que precisamente ejerce la acusación particular en el caso de las facturas.
En cuanto a los otros dos concejales socialistas objeto de la otra demanda de conciliación, Calvo y Serrano, el cabo y su mujer que ambos se dedicaron a la "difusión" por Baena de "anónimos" en los que los presentaban "a la opinión pública como cooperadores necesarios de una trama política para socavar supuestamente la imagen y el prestigio del alcalde de Baena".
Como consecuencia de tales hechos y de los anteriormente descritos, el guardia civil declara estar "de baja para el servicio desde agosto de 2008, a consecuencia de las presiones mediáticas sufridas", mientras que su esposa "se encuentra en tratamiento psicológico por los mismo motivos e incluso ha sido despedida de su trabajo".
Por ello, al considerar que no se merecen "el sufrimiento" que están padeciendo, "ni la difusión de unas informaciones tan ajenas a la realidad de los hechos", demandan "una compensación" económica de 150.000 euros al alcalde y Rojano, y otra, por igual cantidad, a Pavón y Serrano, para que éstos den "cumplido pago y satisfacción al perjuicio" que afirman haber sufrido el cabo y su esposa.