El comité de empresa de Mercasevilla se reúne el miércoles para analizar la auditoría externa
El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), informó a Europa Press de que ha encargado a los técnicos de su sindicato un "examen" esta auditoría elaborada por la consultora 'Deloitte' y ya elevada al Juzgado de Instrucción número seis, que investiga tanto el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Mellet y Daniel Ponce, como las irregularidades del concurso público mediante el que se adjudicó a Sanma —filial del grupo Sando— los derechos de opción de compra de los suelos del antiguo mercado central pese a que el grupo Noga concurría con una oferta superior.
El miércoles, así, los miembros del comité de empresa se reunirán para debatir sobre el documento y, previsiblemente, convocarán a la asamblea de trabajadores, dado que Rafael Domínguez entiende que la sociedad mixta está al borde de la quiebra técnica.
Pérdidas y pasivos
La auditoría refleja el estado contable y financiero de Mercasevilla a fecha 30 de abril de 2009 y recoge que sólo en el periodo comprendido entre enero y abril de 2009, Mercasevilla acumuló pérdidas por valor de 280.000 euros, aunque el problemas más grave que arrastra la sociedad mixta no es otro que los nueve millones de euros que debe afrontar para garantizar los pagos de los trabajadores acogidos al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, dado que aunque en las pólizas figuran alusiones a la financiación autonómica, no se han descubierto documentos en los que la Junta de Andalucía haya firmado su participación económica en tal procedimiento.
El mejor ejemplo de la situación de la empresa es el descubrimiento de que el ejercicio de 2008, —en el que la directiva de Mellet y Ponce repartió dividendos entre los accionistas por unos beneficios valorados en algo más de 258.000 euros—, concluyó con pérdidas que superaban los 1.539.000 euros, extremo que no había detectado la auditoría que sobre aquel ejercicio elaboró 'Price Waterhouse' por encargo de la propia empresa.
Así, la empresa arrastra una deuda reconocida de algo más de 2,5 millones de euros, pero afronta otros pasivos como los 1,2 millones de euros derivados de la disolución de la Fundación Socioasistencial o los nueve millones de euros implicados en la financiación del ERE, dado que la Junta de Andalucía no reconoce su participación en el coste de procedimiento.