El dueño de la finca donde murió el pequeño Julen se declara "insolvente" y presenta un concurso de acreedores
- Presenta dicha solicitud "ante la avalancha de reclamaciones" y una deica de 1,5 millones de euros.
- Está desempleado actualmente y no percibe prestaciones por desempleo ni subsidios.
- Los padres de Julen, el niño del pozo de Totalán, están esperando un bebé.
La defensa de David Serrano, único investigado en el "caso Julen" —el niño que murió al caer a un pozo de Totalán (Málaga)— ha presentado concurso de acreedores al asegurar que su cliente "está técnicamente en una situación de insolvencia".
La defensa de David Serrano ha explicado que presenta dicha solicitud "ante la avalancha de reclamaciones" contra su cliente y señala que no puede "ni ahora ni en un futuro cumplir con una deuda que podría ascender a 1.500.000 euros, sumando los conceptos de responsabilidad civil y sanción administrativa".
El representante legal ha recordado que únicamente en concepto de indemnización por las labores de rescate la instructora ha ordenado la consignación de 885.310 euros, pero a ello habrá que sumar las sanciones administrativas a las que pudiera ser condenado a pagar. Dichas sanciones administrativas serían las derivadas de no haber solicitado la licencia de prospección del sondeo, además de aquellas cantidades que pudieran reclamar los padres de Julen, como indemnización por daños y perjuicios.
En la solicitud de concurso voluntario de deudor persona física se destaca que David Serrano es insolvente, que está desempleado actualmente y no percibe prestaciones por desempleo ni subsidios. Por todo ello, en el escrito se afirma que le resulta "imposible" atender al requerimiento de la jueza (885.310 euros), "no digamos ya para una persona de extracción humilde".
El pasado septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga acordó la apertura de juicio oral contra David Serrano y le impuso el pago de una fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias de 885.310 euros. Este importe es para responder ante posibles indemnizaciones en el caso de que sea condenado por un presunto delito de homicidio por imprudencia y la magistrada fijó la fianza atendiendo a la estimación que la Junta de Andalucía hizo del coste de los trabajos de rescate (663.982,45 euros).