CyL busca reforzar la participación social en la gestión del patrimonio con una ley "de nueva generación"

Así lo ha defendido la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, quien ha sostenido que el objetivo principal del anteproyecto de ley es "avanzar en el conocimiento, la investigación, la protección, la conservación y la difusión del Patrimonio Cultural de Castilla y León".

Para ello se pretende regular el papel de los agentes implicados en la gestión del patrimonio cultural "desde la corresponsabilidad", con el fin de "garantizar su sostenibilidad, apoyada en la participación de propietarios, ciudadanos y agentes sociales", a fin de asegurar el uso y disfrute de los bienes y con ello la conservación del legado cultural.

Respecto a estas "leyes de patrimonio de nueva generación", García Cirac ha defendido que la propia evolución del concepto de patrimonio cultural se entiende en la actualidad "de forma global", con aspectos "tanto materiales como inmateriales", e integrada, ya que su valor y el de su gestión "supera el ámbito exclusivo de lo histórico y artístico e incluye los valores sociales y los recursos para el desarrollo".

El anteproyecto se estructura en siete títulos, desarrollados en 86 artículos, además de 22 disposiciones entre adicionales, transitorias, derogatorias y finales, fruto de las aportaciones de los diferentes interlocutores, tanto políticos como expertos en el ámbito del patrimonio.

Desarrolla contenidos como la caracterización del patrimonio desde la vertiente del derecho ciudadano a la cultura, y de la participación social; la relación del patrimonio con el desarrollo social y territorial; la corresponsabilidad en la gestión de los bienes culturales, a través de la incentivación de la cooperación mediante la concertación institucional y la colaboración público-privada; la búsqueda de la sostenibilidad técnica y financiera en las intervenciones que se realizan en los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural; el papel del patrimonio cultural como recurso para el desarrollo económico; la inclusión de los valores del patrimonio cultural en el marco de referencia de la ordenación y gestión territorial, y la incorporación de los avances doctrinales y las consideraciones técnicas emanadas de la experiencia en la propia gestión y de la normativa internacional.

Entre las novedades del antreproyecto se incorpora un nuevo enfoque social de la gestión del patrimonio cultural y la concreción, como participación de la inversión pública en el patrimonio cultural, del denominado uno por ciento cultural, que se eleva al 1,5.

Asimismo, contempla la creación del Centro de Investigación e Innovación del Patrimonio Cultural de Castilla y León, y garantiza el apoyo público a los propietarios de los bienes de interés cultural. También establece principios y criterios para la intervención en los bienes de interés cultural e incluye los bienes inmateriales con definición propia, en los términos establecidos en la Convención Unesco.

Por otro lado, la importancia de los Caminos de Santiago también se recoge, con una fórmula de gestión propia, denominada Sistema Territorial de los Caminos a Santiago por el territorio de Castilla y León, que incluye la clasificación de los diferentes Caminos y determina el régimen de protección. El objetivo es preservar y proteger los valores que testimonian la peregrinación a Santiago de Compostela, en el entorno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.