Turisme pregunta a la Abogacía de la Generalitat cómo proceder con el personal laboral condenado en el caso Fitur
- La Agència Valenciana de Turisme se ha dirigido a la Abogacía de la Generalitat para preguntar cuál es el procedimiento a seguir con los dos trabajadores -personal laboral- que han sido ya condenados en firme por el Tribunal Supremo en la pieza de Fitur del caso Gürtel, uno de los cuales, Jorge Guarro, ya se encuentra en la cárcel mientras que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana acaba de dejar en suspenso la entrada en prisión de la otra trabajadora, Ana Grau.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento, cuyo secretario autonómico y responsable, Francesc Colomer, se ha dirigido a la Abogacía para formular esta consulta, después de la petición de los dos condenados que han solicitado mantener sus puestos de trabajo y del reciente escrito que le dirigieron compañeros de los trabajadores donde mostraban su solidaridad con ellos y reclamaban que les mantuvieran en su puesto de trabajo y se les permitiera una excedencia.
En esta pieza, la de Fitur, se condenó a once acusados de amañar contratos entre la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana dirigida por Milagrosa Martínez y la trama corrupta Gürtel para la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009.
Los condenados, además de los cabecillas de la trama y empleados de las empresas de la red de Francisco Correa fueron, n en la parte valenciana, junto con Martínez (que cumplirá nueve años de prisión), el que fuera su jefe de Gabinete, Rafael Betoret (seis años), y tres trabajadores de Turisme: Isaac Vidal (siete años de prisión), que fue jefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT; Jorge Guarro, exjefe de Promoción de la entidad (cuatro años) y Ana Grau, excoordinadora de Ferias (tres años).
Además de la prisión, Guarro fue condenado a cinco años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa y 10 de inhabilitación absoluta por malversación y Grau a dos años de inhabilitación especial por falsedad cuatro años y tres meses por prevaricación administrativa.
Según fuentes de este departamento, el objetivo es que la Abogacía aclare a qué afecta esta inhabilitación; el procedimiento a seguir con los puestos de ambos condenados y las posibilidades, en su caso, de sustitución.
Trabajadores de la AVT elevaron a Colomer un documento avalado por casi un centenar de firmas en el que expresaron su apoyo a los "compañeros" condenados y donde pidieron que se suspendan las relaciones laborales de los condenados para que una vez cumplidas las penas, condenadas o revisadas puedan reincorporarse a sus puestos de trabajo.
"Con el respeto a las decisiones judiciales, manifestamos nuestra discrepancia con los pronunciamientos y, a nuestro juicio, con las desorbitadas penas impuestas a todos nuestros compañeros", indicaban, transmitiéndoles por tanto su "total apoyo".
El apoyo era "más intenso" hacia Grau y Guarro "que ostentaban una menor responsabilidad y categoría profesional" y subrayaban que su apoyo "no nace del cooperativismo, sino del convencimiento de su inocencia y de que han sufrido las consecuencias de un contexto laboral perverso, así como de haber estado expuestos a un clima de opinión social adverso".