Badajoz

CCOO pide a la Junta reunir a la Mesa General de Negociación para abordar el acuerdo estatal de mejora de empleo público

Dos trabajadores en una oficina.
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Según informa CCOO en nota de prensa, este acuerdo, firmado entre los agentes sociales y el Gobierno central, supone, entre otras medidas, que el salario se incremente "entre un 6,1 y un 8,8 por ciento en tres años", que se recupere la capacidad de negociación de las 35 horas, la prestación del 100 por ciento del salario en casos de Incapacidad Temporal y el desarrollo de planes de igualdad y formación.

De esta manera, en sendas cartas dirigidas a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y a la directora general de Función Pública, María del Carmen Vicente, el sindicato justifica la "necesidad de iniciar lo antes posible" el trabajo para desarrollar el contenido de este acuerdo estatal también en el seno de la Administración extremeña, tanto en la Administración General como en Educación y Sanidad.

Asimismo, ha continuado el comunicado, este acuerdo, "subscrito en Madrid", ha sido fruto de un "largo proceso de negociación y movilizaciones" y se inició con la campaña '#RecuperarLoArrebatado', promovida por CCOO desde el mes de junio del pasado año.

Por ello, en este documento se fija el inicio de recuperación de la negociación colectiva, mejorando sustancialmente el I Acuerdo de Empleo respecto a la universalización del proceso de estabilización y tasa de reposición, recuperación de jornadas, igualdad o formación, y se inicia la senda de la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos.

Así, el sindicato ha considerado que su desarrollo en el ámbito de Administración Autonómica permitirá también la "continuación de las cuestiones pendientes" que derivaron del anterior y que "aún no se han llevado a cabo".

Además, en este acuerdo, según CCOO, se han incluido "gran parte" de las pretensiones del sindicato, aunque, no obstante desde su Área Pública se mantendrá la senda de las reivindicaciones, con el fin de "recuperar el resto de derechos arrebatados" a trabajadores y trabajadoras del sector público y que "aún no han sido restituidos".

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