Granada

Tribunales.- Piden más de siete años para un repartidor acusado de quedarse con 62.000 euros de sus jefes

Real Chancillería, sede del TSJA y de la Audiencia Provincial
TURISMO ANDALUZ/EUROPA PRESS

Según consta en el escrito de acusación provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, de iniciales M.P.H., fue contratado como trabajador eventual a tiempo completo en calidad de "conductor-repartidor" desde el 17 de abril de 2015.

Desempeñó desde entonces labores de comercialización de productos de la mercantil que le contrató y de otra que dirigía el padre del dueño de la primera, ambas con domicilio social en La Guapa, en el municipio costero de Polopos-La Mamola.

Padre e hijo interpusieron denuncia contra el acusado el 3 de diciembre de ese mismo año "tras no haber recibido las cantidades que el mismo había cobrado en metálico en el desempeño de su actividad laboral" y que el mismo, "animado por el propósito de obtener un ilícito beneficio", y a escondidas, "incorporaba a su patrimonio".

La mayor parte de las alrededor de 25 facturas emitidas por los comercios -cafeterías, supermercados, pubs, restaurantes o tiendas- con los que operaban de manera conjunta en Motril estaban a nombre de uno de uno de los denunciantes y, según el fiscal, "el acusado actuaba amparado por el marco legal de su condición laboral y en la confianza merced a la cual había sido contratado".

Asimismo, M.P.H., también con "ánimo de incrementar su patrimonio", fingió en sendas facturas las firmas de los propietarios de una licorería de La Herradura, en Almuñécar, y una marisquería de Salobreña, en la misma comarca costera granadina, con un fin de "errónea apariencia de autenticidad" para incorporar sendos importes de 1.591 y 174 euros, "no logrando su propósito".

El Ministerio Público considera estos hechos constitutivos de supuestos delitos continuados de apropiación indebida, y falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa en grado de tentativa por los que pide en total penas de siete años, dos meses y 15 días de prisión y multas por valor de 7.200 euros.

Está previsto que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada juzgue estos hechos el próximo 15 de enero de 2018.