Tribunales.- Empresarios acusados de extracción ilegal en Doñana pagan más de 80.000 euros para reparar el daño

Por este motivo, la Fiscalía les ha rebajado la pena aunque entiende que han causado un perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales por esta extracción, destinando el agua a la finca de La Borrachuela, situada en la cabecera del Arroyo de la Rocina, en Almonte.

Según reza en el escrito de conclusiones definitivas, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal, por la atenuante de reparación del daño, les ha rebajado la pena de prisión de tres años y diez meses a dos años y medio y el pago de una multa de 3.650 euros, así como el pago de esa misma cantidad por parte de cada una de las tres empresas que regentaban. Todo ello tras abonar los montantes económicos establecidos según las bases establecidas en el Real Decreto de Dominio Público Hidráulico.

En concreto los acusa de dos delitos. Uno contra los recursos naturales y el medio ambiente, con grave riesgo de perjudicar gravemente al equilibrio de los sistemas naturales, otro de extracción ilegal de agua. Por este último solicita además el pago de una multa a cada uno de 1.825 euros.

A los otros dos empresarios los considera participes a título lucrativo al considerar que no han desarrollado actuaciones en el marco de la actividad de las empresas en que figuran como administradores, limitándose en su caso a percibir beneficios de la actividad de las mismas sin poder real de decisión sobre la explotación de las fincas y la extracción de agua.

El juicio ha quedado visto para sentencia, tras la declaración durante la sesión de este jueves de un perito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y otro de la defensa. Cabe recordar que durante su declaración los seis acusados, cuatro hombres y dos mujeres, se acogieron a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de sus letrados y se desvincularon de los hechos.

Su conducta punible, según la Fiscalía, se centra en las extracciones realizadas en la citada finca, con una superficie de 150 hectáreas y siendo propiedad de una sociedad, pero cuya explotación la llevan a cabo otras tres empresas. Esta finca está situada en la Zona II del Plan de ordenación del territorio de Doñana, lo que implica la existencia de limitación a la extracción de recursos hídricos subterráneos.

El fiscal remarca en su escrito que las empresas explotadoras han estando utilizado agua subterránea del acuífero 27, entre 2009 y 2012, para sus respectivas actividades agrícolas, sin que conste autorización alguna por parte de la CHG que ampare dicha extracción, ni a favor del titular de las tierras ni de los que la explotan.

Por ello, considera que se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en dicho periodo y que la misma implica una alteración del balance hídrico del acuífero generando un daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga y sobre el significado ecológico del lugar, por lo que remarca que los hechos cometidos constituyen en una serie de infracciones con trascendencia penal, al haberse estado captando agua subterránea de "forma abusiva y sin control alguno".