Baleares no tiene acceso "real" a la libre elección sanitaria, según el Instituto Coordenadas
- Los ciudadanos de Baleares, al igual que más de la mitad de los españoles, no disfrutan de un acceso "real" a la libre elección de médico o de centro, que solo está disponible en seis comunidades autónomas (Madrid, País Vasco, La Rioja, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha), según un análisis realizado por el Instituto Coordenadas de la Gobernanza Aplicada.
En esta situación, de forma efectiva sólo el 44,5 por ciento del total de la población española (20,7 millones de habitantes) tiene posibilidad de elegir tanto médico en la Atención Primaria como especialistas o centros hospitalarios.
Por contra, once comunidades autónomas, en las que reside el 55,5 por ciento de la población (25,8 millones de habitantes) no cuentan con ese acceso real a libre elección sanitaria.
Así, Galicia y Comunidad Valenciana, que representan el 16,5 por ciento de la población, aunque en la teoría disponen este derecho, en la práctica cuentan con un acceso muy limitado en el ámbito de elección de especialistas y centro hospitalario, según el citado informe.
En las nueve comunidades restantes (Castilla y León, Asturias, Cataluña, Murcia, Navarra, Baleares, Cantabria, Extremadura, Ceuta y Melilla), que suponen el 39 por ciento de la población, no disponen de libre elección.
"La descentralización sanitaria está produciendo desigualdades entre las distintas comunidades autónomas y la vulneración de derechos de los ciudadanos", afirma Jesús Sanchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas.
En este sentido, denuncia que "las notables diferencias entre comunidades en materia de libre elección van en contra de la Ley
General de Sanidad, 14/1986, que en su artículo el artículo 3 recoge que la asistencia pública se extenderá a toda la población española y el acceso y prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva."
Por ello, insiste en "la necesidad de adoptar medidas necesarias para que este derecho pueda ser efectivamente ejercitado, en igualdad por todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia" e insta al Defensor del Pueblo "a promover las actuaciones oportunas necesarias para favorecer la aplicación real de libre elección en todo el territorio nacional".