El Consell estudia medidas como flexibilizar las fórmulas de pagos para salvar a Cierval

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha indicado este martes que la Generalitat estudia flexibilizar las fórmulas de pagos para que la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) pueda hacer frente a los más de 700.000 euros que le reclama la Generalitat por una deuda derivada de una resolución judicial a raíz de unos cursos de formación que finalmente no llegaron a realizarse, lo que supuso la devolución de las ayudas.

Sin embargo, el conseller ha remarcado que cualquier decisión que adopte su departamento para reducir el impacto económico sobre las organizaciones empresariales valencianas se hará "dentro de la ley".

Así lo ha indicado Soler a los medios de comunicación, tras conocerse que la Generalitat ha rechazado un segundo aplazamiento a la patronal autonómica Cierval del pago de una deuda derivada de una resolución judicial y que debe abonar antes del día 20 de diciembre. En caso de no tomarse medidas, el presidente de Cierval, José Vicente González, que ha acompañado al titular de Hacienda, ha advertido de que peligra la estabilidad económica de la patronal.

Concretamente, el impacto en las cuentas de Cierval por impagos asciende a millón y medio de euros, de los cuales solamente en cuotas que no han pagado en su debido tiempo suman más de 700.000 euros y el resto de montante es por los convenios realizados.

González ha querido "dejar claro" que "cero euros" de esta deuda se han producido en la propia patronal, sino que se trata de compromisos de las provinciales Coepa (Alicante) y CEC (Castellón). Sin embargo, ha explicado que Cierval ha sido declarada como "responsable subsidiaria" de esas deudas que se han originado porque "la Generalitat ha procedido a hacer minusvaloraciones en las liquidaciones de convenios que tenían y que considera que no están suficientemente justificados".

"Se trata de convenios en los que Cierval no ha participado de ninguna manera y se ha limitado a recibir los fondos de la Generalitat y a repartirlos de acuerdo con las cantidades que ponía que iban a ser ejecutados por las organizaciones y que luego, según la Generalitat y en algún caso según los jueces, no han sido ejecutados correctamente", ha sostenido el presidente de la patronal autonómica.

CIERVAL: "NO HEMOS HECHO NADA"

Por ello, ha subrayado que la autonómica "no ha hecho nada" y, pot tanto, se trata de una interpretación de la ley con la que no está de acuerdo porque, a su juicio, "no parece lógico que carguemos con cosas que no hemos tenido absolutamente ninguna intervención más que hacer como colaboradores de la Generalitat, recibir y firmar convenios y repartirlo". "Ese es el caso real", ha remarcado.

Ha manifestado que para asegurar la viabilidad y el funcionamiento de las organizaciones necesitan "tiempo" para hacer frente a estas cargas, dada la situación económica de las patronales de Alicante y Castellón que "no pueden hacer frente ni a los compromisos con Cierval".

En este sentido, ha pedido a Soler retrasar el plazo del 20 de diciembre para permitirles "dar todos los pasos para estructurar las cosas como Dios manda". "Nuestra obligación es que las organizaciones empresariales funcionen correctamente y salvar la situación de una manera ordenada", ha indicado.

GARANTÍAS

Por su parte, Soler ha manifestado que desde el Consell son "conscientes" de la importancia de las organizaciones empresariales en la vida económica, política y social valenciana. Por tanto, ha subrayado que su departamento hará "todo lo que esté dentro de la ley para solventar o reducir el impacto que esto pueda tener en las organizaciones".

"Estamos convencidos que de aquí al día 20 hay cosas que podemos hacer y presentar garantías y ganar tiempo, pero el mandato de la ley es claro al respecto y nosotros fuera de la ley no podemos hacer nada", ha insistido el conseller.

La ley determina que, en el caso de deudas tributarias superiores a los 18.000 euros, las personas físicas y jurídicas han de aportar garantías si quieren acceder al aplazamiento del abono. Esas garantías se pueden concretar en un aval, fianza-solidaria o crédito-caución. También se puede acordar el fraccionamiento del abono que, normalmente, puede llegar a los cuatro años.

Insistido por las alternativas que estudia su departamento, Soler ha manifestado que no solo se trata de prestar garantías, sino de "fórmulas de pagos". "Todo eso sí que permite a las organizaciones hacerse cargo del tema con una cierta holgura porque si no podrán crear un problema de impago clarísimo. Por tanto, tanto en el procedimiento para facilitar las garantías como en la manera de pagar podríamos ser flexibles", ha indicado.

De hecho, ha remarcado que están abiertos "a todo" y no se cierran a "nada", pero "dentro de la ley siempre", ha señalado Soler, al ser preguntado por si entre esas actuaciones la conselleria se ha planteado la posibilidad de compensar la deuda con el anticipo que van a percibir de la subvención correspondiente a 2017.

Soler ha mostrado su preocupación por la situación de Cierval ya que ha insistido en que una sociedad del siglo XXI tienen que contar con organizaciones empresariales "fuertes y que sean auténticos partners" a la hora de conformar el diálogo social.