Stop Desahucios se opone al desahucio de una familia de un convento en el que han vivido y trabajado

Activistas de Stop Desahucios se han concentrado este viernes ante las puertas del Convento de Santa Isabel de los Ángeles, en la capital cordobesa, en protesta por la intención de la propietaria del mismo, la Orden de las Clarisas, de desahuciar del inmueble, del que ya se trasladaron todas las monjas, a un matrimonio y sus dos hijos, que han vivido y trabajado en el convento, realizando labores de mantenimiento y ayudando a las monjas de mayor edad, desde hace más de una década.

El matrimonio, compuesto por Rafael Mazo Bedoya y Luz Elena González Pérez, que son el cuñado y la hermana, respectivamente, de la antigua abadesa del convento, alega que trabajaban en el convento a cambio del alojamiento y que nunca cobraron salario alguno por su labor, salvo alguna ayuda económica puntual, razón por la que no perciben ahora prestación por desempleo y no tienen recursos para marcharse del convento.

Según han informado desde Stop Desahucios, desde que las monjas clarisas abandonaron el convento y se trasladaron a otros monasterios de su orden, con la intención de vender el inmueble, el matrimonio ha recibido presiones en los últimos meses para que dejase su vivienda del interior del convento, algo que afirman no poder hacer si la orden religiosa no les ofrece una alternativa para vivir.

LA ABADESA

Ante esto, la abadesa y comisaria pontificia del Convento de Santa Isabel de los Ángeles, María del Rosario Sánchez Muñoz, ha explicado en un comunicado que Luz Elena González Pérez y Rafael Mazo Bedoya han vivido en el convento, "en calidad de invitados y huéspedes, como hermana y cuñado de Sor Clara", la anterior abadesa, y que, "ante el traslado de todas las hermanas a otros monasterios de la Federación, incluida Sor Clara, se les comunicó con antelación suficiente que debían desalojar" las dependencias que ocupaban.

La abadesa ha asegurado que, "en todo momento se les está ofreciendo ayuda, tanto para encontrar trabajo como para el pago del alquiler de un piso. Por todos los medios se les ha procurado buscar una solución y siempre hemos encontrado la negativa como respuesta y actitudes de provocación, para seguir viviendo en las dependencias conventuales, desprestigiando a esta orden, de la que ha vivido durante 13 años".

De hecho, para la abadesa, "la manifestación pública montada ante el monasterio refleja claramente los intereses personales y torticeros de dos personas que solo han recibido ayuda de este convento", y los años que llevan viviendo en el mismo lo han hecho "como huéspedes, nunca ha existido cobro ni pago de alquiler alguno, ni agua, ni luz", y "cuantos trabajos han realizado en el monasterio, de limpieza o ayudando a las hermanes ancianas, han sido retribuidos económicamente de manera generosa".

"A día de hoy -concluye la abadesa- se les sigue ofreciendo trabajo y ayuda en el alquiler de un piso, por lo que solo puede justificarse su empecinamiento de no aceptar ninguna de las soluciones ofrecidas".

POSTURA DEL OBISPADO

Por su parte, el Obispado de Córdoba ha indicado en un comunicado sobre este asunto que "la decisión de suprimir la comunidad de religiosas Clarisas del Convento de Santa Isabel de los Ángeles de Córdoba ha sido tomada exclusivamente por la abadesa y comisaria pontificia, María del Rosario Sánchez Muñoz, en el uso de sus competencias específicas y como responsable máxima de la orden en este asunto".

De igual modo, el Obispado ha señalado que "la decisión acerca de la eventual venta del inmueble ha sido tomada por dicha abadesa y comisaria pontificia, con la aprobación de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, organismo competente de la Santa Sede".

"Este Obispado -concluye el comunicado- no tiene ninguna responsabilidad en la decisión de desalojar a una familia de las dependencias del convento. Corresponde a la abadesa y comisaria pontificia dicha decisión".