La FOE anima a las empresas onubenses a contar con un plan de prevención de delitos

Según se ha informado en una nota de la federación empresarial, el presidente de la FOE ha animado a los empresarios a adaptarse a esta nueva normativa sobre la que la FOE viene trabajando desde hace más de un año "que nos llevará -dijo- a contar en breve con un Plan de Prevención de Delitos y ajustarnos así a lo establecido legalmente y que puede ser extrapolable a aquellas Asociaciones que así nos lo demanden".

García Palacios se ha referido también a que "de la mano de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, empresarios, directivos, empleados y otros colaboradores de las empresas podrían responder ante tribunales de lo penal, por posibles determinadas acciones que pudieran ser consideradas ilegales y que pensáramos nosotros que no lo fueran o no nos afectaran", poniendo así de manifiesto la relevancia que tiene para cualquier negocio este asunto y la necesidad de adaptarse.

Por su parte, Miguel Borrero, presidente de AJE-Huelva, ha puesto de manifiesto la voluntad de esta asociación en asesorar e informar a sus miembros sobre cuestiones las que tengan que afrontarse en el día a día de cualquier actividad empresarial, en tanto que José Manuel Borrero ha abordado aspectos legales que son "imprescindibles" a tener en cuenta por parte del empresario ante la nueva realidad descrita.

La jornada ha continuado con una mesa redonda conformada por el magistrado Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Huelva. Esteban Brito y Ana Nevado, Fiscal de la Audiencia Provincial de Huelva, moderada por Antonio Germán Pontón, presidente de la Audiencia Provincial, quienes han abordado asuntos prácticos relacionadas con la legalidad vigente a la que tendrán que responder las empresas que "ha dado luz" a muchas de las dudas de los asistentes.

Una segunda sesión a celebrar a final de año, dará continuidad a estas jornadas, analizando temáticas tales como la conveniencia y necesidad de que las sociedades establezcan un programa o plan para evitar ser sujeto activo de delitos, certificaciones en ISO 19600 o pólizas de altos directivos.