Ciudades de EE UU prueban un plan contra la delincuencia: pagar por no cometer delitos
- La ciudad paga a los delincuentes a cambio de que no usen armas de fuego, con el objetivo de reducir la alta tasa de homicidios en sus calles.
- También hay exconvictos que ejercen de mentores para otros criminales y que incluso pagan viajes a miembros de bandas rivales para que convivan.
- A pesar del aparente éxito del sistema se cuestiona por el impacto presupuestario que tiene en las arcas públicas.
La ciudad de Richmond, en California, EE UU está probando un controvertido plan para reducir la delincuencia y los homicidios en sus calles que consiste en asignar una paga a los delincuentes con peores antecedentes a cambio de no utilizar armas de fuego.
Los primeros datos muestran que ha ayudado a reducir las tasas de homicidio, por lo que otras ciudades están estudiando el modelo para comenzar a aplicarlo, según publica The Washington Post.
El ayuntamiento de Richmond ha contratado además a exconvictos rehabilitados para que ejerzan como tutores y guías de bandas, delincuentes y potenciales criminales para que no hagan uso de la violencia, ni porten armas. Los tutores no trabajan con la polícia, para evitar recelos de sus pupilos.
Estos mentores han llegado a organizar y pagar viajes a África del Sur, Londres o Ciudad de México a distintos miembros de bandas rivales con la idea de que compartir experiencias y convivir en un terreno neutral y lejos de las calles aliviaría la tensión y forjaría lazos que llevarían a la paz entre bandas.
Tras cinco años de programa 84 de los 88 jóvenes que han participado en el sistema siguen vivos y 4 de cada 5 no han vuelto a verse implicados en un delito con arma de fuego ni han sido heridos de bala, todo un logro en una de las ciudades con mayor tasa de homicidios de todo EE UU.
Las autoridades de Miami, Toledo, Baltimore y más de una docena de ciudades están estudiando cómo replicar el programa de Richmond.
Sin embargo, el programa tiene sus detractores, como políticos y ciudadanos que consideran que el programa es un desperdicio de dinero público, en un momento de déficit presupuestario y que ese dinero podría emplearse en políticas de empleo o sociales.