Junta espera que lleguen 468 millones una vez que la CE levante la suspensión de pagos por el FSE
El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha manifestado este martes que la Junta está a la espera de que la Comisión Europea (CE) levante la suspensión de pagos del Fondo Social Europeo (FSE) que decidió en 2014, de manera que lleguen a la comunidad 468 millones de euros. "Entendemos que se nos debe esa cantidad una vez que se aclaren las circunstancias que concurren, aquí no se ha perdido nada", ha apuntado.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Ramírez de Arellano ha hecho estas declaraciones tras ser preguntado por las manifestaciones que hizo ayer la interventora adjunta a la Intervención General del área de Control y Fondos Europeos y Subvenciones de la Junta, María Teresa Arrieta Viñals, ante la comisión de investigación sobre los fondos de formación, relativas a que, en 2014, la Comisión Europea decidió suspender los pagos del FSE a Andalucía.
Ha indicado que la interrupción a la que se refiere la interventora adjunta está motivada por el dictamen anual de la autoridad de auditoría del programa del FSE, que es la Intervención General de la Junta, que publica el 30 de diciembre de 2013 dicho dictamen respecto al gasto certificado en el año 2012, en el que observa "incidencias del 39 por ciento de los expedientes y encuentra que hay discrepancias sobre el carácter certificable o no de gasto en una cuestión superior al dos por ciento". Ha querido precisar además que en dicho dictamen "no se detectó ninguna incidencia sobre los cursos de formación, porque, de hecho, en aquel momento la mayor parte de ellos no se había certificado y los pocos certificados tenían conformidad en su verificación".
Tras las incidencias apuntadas por el citado dictamen, de acuerdo con los procedimientos de la Comisión Europea, procede la suspensión del programa hasta que se aclare la situación, según ha indicado el consejero, quien ha añadido que la Junta, por su parte, validó un plan de actuación en marzo de 2015, que se presentó por parte de la Dirección General de Fondos Europeos, y ya se ha comprobado, a partir de esa fecha, que se ha reducido la "tasa de incidencia por debajo del dos por ciento, que se considera normal, y, por lo tanto, estamos a la espera de que la Comisión Europea levante la interrupción".
Ha manifestado que las últimas noticias que tiene la Junta es que la Comisión Europea enviará auditores para revisar los controles adicionales que demuestren que las incidencias o discrepancias son menos del dos por ciento.
Asimismo, ha querido dejar claro que esta suspensión "nada tiene que ver con los problemas de la formación, sino con otro tipo de cuestiones". Ha explicado que se trata de un procedimiento habitual que utiliza la Comisión Europea cuando entiende que necesita "solicitar información adicional sobre el gasto que se ha certificado en los programas".
Ha agregado que todos los programas de España y de Europa, a todos niveles, tienen interrupciones y este concepto de suspensión es una cuestión "habitual". Según el consejero, en 2014, se interrumpieron doce programas del Fondo Social Europeo del Estado y de las comunidades autónomas.
Ramírez de Arellano ha añadido que a finales de 2014 había once programas que estaban todavía interrumpidos, mientras que en 2015 se levantaron cuatro y aún quedan otros siete programas interrumpidos. Ha insistido en que forma parte del procedimiento "de gestión habitual cuando se desea pedir información adicional".
Descertificación y controles
De otro lado, el consejero también ha sido preguntado por el hecho de que la interventora adjunta manifestara que entre 2007 y 2013 se descertificaron unos a 46,9 millones del programa operativo de Fondo Social, a propuesta de la Dirección General de Fondos Europeos, que estaban destinados a la formación profesional, ante la "desconfianza" que en la Comisión Europea podía generar que aparecieran en prensa y estuvieran siendo investigados en los juzgados el presunto fraude de la formación en Andalucía.
Ha incidido en que cuando algo llega a ser certificado, previamente ha sido sometido a un larguísimo proceso administrativo con multitud de controles. Puede darse el caso de que en el debate con la Comisión Europea respecto a un determinado gasto sobre el que pueda haber una discrepancia o una incidencia, se descertifique ese gasto, es decir, se quite de la mesa y se ponga otro que sea compatible o alineado con la cuestión que se recogía en el programa operativa, sin que eso suponga "ningún menoscabo de legalidad".
Ha insistido en que, antes de poder ser certificados, los gastos que ahora se han descertificado han sido revisados a todos los niveles.
A este respecto, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que certificar es considerar que los programas que se han ejecutado reúnen los requisitos para que fueran financiados por la Unión Europea. "Eso no quita que esos programas certificados o no hayan pasado todos los controles habido y por haber de la Junta", ha apuntado Vázquez.
Asimismo, el portavoz ha dado a conocer unas declaraciones propias que los medios de comunicación publicaron en diciembre de 2014 en las que afirmaba que la Junta comunicó en mayo a la Comisión Europea su decisión de proceder a la descertificación de todas las ayudas del Fondo Social Europeo a la formación profesional para el empleo y de reprogramar dichas cantidades para otros proyectos para "mantener intacto el prestigio" de la administración autonómica en la gestión de fondos comunitarios.
Esas declaraciones de diciembre de 2014, según ha agregado, se referían justamente a la "descertificación de los 46 millones de euros, que pasaban de formación profesional para el empleo a formación profesional reglada". Ha señalado que fue una "decisión política" y que, en modo alguno, ha habido "silencio" de la Junta a este respecto, porque ese asunto se dio a conocer en diciembre de 2014.