TSJA acuerda continuar la causa contra el adjunto al Defensor del Pueblo por su "indebida" cesión de datos
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido continuar la causa contra el adjunto del PP-A del Defensor del Pueblo Andaluz, Carlos del Barco, por una supuesta "indebida" cesión de datos del expediente confidencial relacionado con la queja interpuesta por una ciudadana por la difusión de una fotografía suya desnuda en una playa como si se tratase de la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez.
Por ese asunto, Del Barco declaró el día 3 en la sede del Alto tribunal andaluz, por su condición de aforado, en calidad de investigado por un supuesto delito de revelación de secretos, después de que la afectada presentara una reclamación ante el Defensor por la difusión de su imagen.
Ahora, en un auto de fecha 9 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor, Miguel Pasquau, acuerda transformar las diligencias en procedimiento abreviado, el paso previo para que las partes personadas soliciten la apertura de juicio oral formulando los escritos de acusación o el sobreseimiento de la causa.
Las diligencias previas fueron incoadas en la Sala Civil y Penal del TSJA en virtud de la exposición razonada elevada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. En las mismas, se investigaba la posible comisión de un delito de revelación de secretos por parte del adjunto al Defensor del Pueblo.
El caso se remonta al 24 de febrero de 2015, cuando la afectada presentó un escrito dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz en el que, junto a sus datos personales, exponía el motivo de su queja relativa a la proliferación en medios de comunicación y redes sociales de la publicación de una fotografía de ella tomada sin su consentimiento mientras practicaba nudismo en una playa habilitada al efecto, lo que adquirió cierta notoriedad debido a su parecido con la entonces eurodiputada Teresa Rodríguez.
Esa solicitud dio lugar a la incoación de un expediente cuya tramitación se asignó al área competente en materia de protección de datos y que concluyó con un escrito de respuesta y conclusión de fecha 3 de marzo en el que se ilustraba a la solicitante sobre las vías para hacer valer sus pretensiones y agilizar las respuestas en la ayuda que había solicitado.
En la tramitación de este expediente intervino Carlos del Barco en su calidad de adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, y con fecha 2 de marzo de 2015 validó el escrito de respuesta y lo pasó al Defensor del Pueblo Andaluz para su firma.
Por otra parte, según continúa el auto, Del Barco se puso en contacto telefónico con el diario ABC comentando la existencia de esa queja y, fruto de ese contacto, procedió a remitirle el 2 de marzo de 2015 por correo electrónico, mediante documento adjunto, la solicitud de la afectada con el fin de facilitar que el periodista pudiera contactar con la interesada a través de correo electrónico.
Ese mismo día 2 de marzo el subdirector del periódico dirigió a través de la cuenta de correo electrónico que aparecía en su escrito de solicitud un mensaje en el que le decía que "un conocido" le había facilitado su dirección, le hacía llegar su solidaridad y le ofrecía el periódico en el que trabajaba para lo que necesitase, por si quisiera usarlo como portavoz para hacer alguna denuncia o testimonio, siempre "respetando el anonimato", ha añadido el instructor.
La afectada contactó por teléfono con la oficina del Defensor del Pueblo expresando su malestar por lo que consideraba una filtración de su caso y de sus datos y remitió el correo que había recibido del subdirector de ABC, solicitando expresamente que se evitara cualquier divulgación.
En fechas posteriores, una vez que la investigación abierta sobre la supuesta filtración fue conocida, Del Barco dirigió un correo electrónico a la afectada pidiendo disculpas por haber dado a conocer sus datos y explicando las circunstancias y finalidad con que lo hizo. Para el instructor, "no consta" que Del Barco haya obtenido favor alguno por parte del subdirector de ABC, "con quien guarda una relación de íntima confianza".
En la resolución notificada este mismo miércoles a las partes, considera que los hechos denunciados comportan "un acceso legítimo a datos personales por parte de un cargo o autoridad en el ejercicio de sus funciones", pero "una indebida cesión de los mismos".
En este sentido, ha señalado que la finalidad de esa cesión "es hacer posible lo que sin ella no lo sería: un contacto entre el tercero (que es subdirector de un periódico de amplia difusión) y la persona cuyos datos se han cedido (una persona afectada por un asunto que afectaba a su intimidad y a su propia imagen que en aquel momento había alcanzado una especial relevancia pública, marcada más por la curiosidad que por su interés para la opinión pública). "Ciertamente, sin la filtración de la solicitud del expediente en el que constaba el motivo de la queja y el correo electrónico de la interesada, no habría podido el periodista dirigirse personalmente a ella", incide el magistrado.
Así, señala que si la intención de Del Barco con tal proceder fuera ofrecer a su amigo periodista una ventaja informativa o que, como manifestó en su declaración, solo consistiese en abrir a la interesada una vía de solución para su problema, es una circunstancia que, a juicio del instructor, "puede afectar a la gravedad de la conducta pero no a la apreciación del dolo".
De hecho, incide en el auto, contra el que cabe recurso de reforma y apelación, que ese dolo consiste, para el delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal, en "la conciencia de estar revelando informaciones que no deban ser divulgadas", como "obviamente ocurre con los datos personales de un expediente administrativo".
En todo caso, destaca el TSJA que, "lejos de ofrecer esa vía alternativa de solución de su problema a la interesada" ofreciéndole el contacto con un medio de comunicación, "lo que hizo el investigado fue facilitar el contacto a un periodista amigo subdirector de un medio de comunicación concreto".