El Parlamento aprueba la ley que garantiza la simplificación de los procedimientos de evaluación medioambiental

El Pleno del Parlamento ha aprobado este martes, con el voto a favor del PSOE-A, Ciudadanos e IULV-CA y la abstención de PP-A y Podemos, el proyecto de Ley que modifica la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) para adaptarla a la norma estatal de Evaluación de Impacto Ambiental, una iniciativa que contribuirá al fomento de la actividad económica y a la creación de empleo en Andalucía.

Con ello, se evita además problemas de interpretación y discrepancias entre ambas normativas, garantizando tanto el mantenimiento de los procedimientos simplificados vigentes en la comunidad autónoma como la seguridad jurídica para los distintos operadores económicos e institucionales.

Así lo ha indicado durante su intervención en el Parlamento andaluz, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, quien ha asegurado que esta modificación va a permitir seguir aplicando en su totalidad la Ley GICA y continuar avanzando en la simplificación y aceleración de procedimientos administrativos, además de eliminar trabas para el fomento de la actividad económica en Andalucía.

Para Fiscal, el trabajo realizado en la tramitación de este proyecto en la Cámara andaluza se ha caracterizado por el consenso y el diálogo constructivo. No en vano se han considerado 62 enmiendas de los grupos parlamentarios, las cuales han contribuido a enriquecer la citada norma.

En relación con la legislación de calidad ambiental, el proyecto introduce tres novedades. Por un lado, los ajustes normativos permitirán mantener el modelo de Autorización Ambiental Unificada (AAU), vigente en Andalucía desde la entrada en vigor de la Ley GICA en 2007 pero no previsto en la legislación básica estatal.

En segundo lugar, se unifican los procedimientos de evaluación ambiental de los planes y programas de las administraciones públicas, lo que agilizará los trámites que afectan al planeamiento urbanístico y a otras estrategias de planificación. Finalmente, se elimina el procedimiento de calificación ambiental hasta ahora aplicable a 35 actividades económicas de bajo impacto, para las que tan sólo será necesaria la presentación de una declaración responsable de los efectos ambientales por parte de sus promotores.

La primera de estas novedades permitirá seguir aplicando en Andalucía la fórmula de la AAU, que integra en una resolución única la declaración de evaluación de impacto ambiental y todos los demás pronunciamientos sobre esta materia en ámbitos como el forestal, los espacios naturales protegidos, la gestión del agua o las vías pecuarias, todos ellos competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Al tramitarse de una vez, la AAU simplifica y acelera múltiples procedimientos administrativos que pueden afectar a una actividad o proyecto.

Además de los cambios referidos a la evaluación ambiental, la norma modifica también la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía con el fin de garantizar al máximo la protección de los recursos hídricos en los procesos de elaboración de la planificación urbanística y de ordenación del territorio. Para ello se cambia, de positivo a negativo, el sentido del silencio administrativo en caso de que el órgano competente en materia de agua no emita sus informes en el plazo previsto de tres meses. Con la modificación aprobada, esta circunstancia se entenderá como un pronunciamiento desfavorable.

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PSOE Julio Millán ha indicado que su formación está "contenta y satisfecha" de que se apruebe esta ley, que ha incorporado enmiendas al texto inicial. Ha defendido la compatibilidad necesaria entre el control medioambiental y la agilidad administrativa, y ha agradecido las aportaciones realizadas al texto tanto por los grupos como por los agentes sociales y económicos que han participado en la tramitación parlamentaria.

La diputada del PP-A Patricia Navarro ha dicho que la tramitación de esta ley "ha dejado mucho que desear" y es "más que cuestionable" la forma en la que el Ejecutivo andaluz ejerce su potestad legislativa. En cuanto al contenido del proyecto, ha dicho que la voluntad del PP-A es apoyar todo lo relativo a reforzar las garantías medioambientales, "pero en su justa medida". Y es que, según ha apuntado, ello no debe estar reñido con el fomento empresarial.

La diputada de Podemos Mercedes Barranco ha pedido que las aportaciones de los agentes sociales y económicos sean escuchadas y ha explicado que su grupo ha propuesto una disposición adicional en esta normativa para "blindar por ley" la negativa al 'fracking', una técnica "altamente contaminante" y que entra en competencia con la actividad agrícola y ganadera.

El diputado de Ciudadanos José Antonio Funes ha dicho que estamos ante una ley "muy compleja, mucho más técnica que política", pero importante, "en tanto al valor que supone el medio ambiente en nuestro tiempo y que nunca debió perderse frente a intereses varios". Junto a ello, ha defendido la necesidad de lograr un equilibrio entre el control administrativo y la reducción de trabas.

El diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha saludado el proyecto de ley aunque ha defendido que el Gobierno andaluz debería tener un papel "más riguroso" en el control y más competencias. Ha lamentado que C's haya introducido un elemento "nuevo" en el trámite parlamentario de esta ley al cambiar de postura de la Ponencia al Dictamen, lo que entiende que es "legítimo" aunque puede responder a que "el PSOE-A le haya dado un tirón de orejas".