Murcia

Ortuño y Bascuñana defienden que su actuación respecto al puerto deportivo de Mazarrón se basó en "informes técnicos"

Bascuñana y Ortuño a su salida de la Ciudad de la Justicia
EUROPA PRESS

El ex director general de Transportes y Puertos, Marcos Ortuño, actual alcalde de Yecla y diputado regional, ha defendido que su actuación en la tramitación de la aprobación del puerto deportivo de Mazarrón se basó en "informes técnicos", mientras que el entonces consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Joaquín Bascuñana, ha explicado que él solo firmó un proyecto que llevaba "los informes técnicos y jurídicos", que eran "totalmente favorables".

Así lo han hecho saber tanto Ortuño como Bascuñana a los medios de comunicación, ante los que han comparecido por separado poco después de declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Brígida Gil Páez, que les ha citado este martes por la querella sobre la tramitación de la concesión administrativa por el puerto deportivo en Mazarrón hace nueve años.

Ambos han llegado por separado a la Ciudad de la Justicia de Murcia poco antes de las 10.00 horas. Bascuñana ha comparecido acompañado de su letrado, decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, y Ortuño acompañado por el letrado Francisco José López.

La jueza ha escuchado a Bascuñana, también ex delegado del Gobierno, mientras que Ortuño ha mostrado su voluntad de declarar, pero la jueza le ha emplazado a acreditar su condición de aforado como diputado regional, ya que se trata de una condición que podría suponer el traslado del proceso al Tribunal Superior de Justicia.

A preguntas de los medios de comunicación, Ortuño ha querido aclarar que él no ha acudido a declarar como imputado, sino que ha acudido ante la jueza a ser "oído" voluntariamente de los hechos de una querella de la que, además, dice haberse enterado "por la prensa".

Ha recordado que, en julio de este año, ya compareció voluntariamente en el Juzgado de Instrucción para personarse en las diligencias y se le notificara la querella. En este sentido, ha reseñado que las cuestiones planteadas en la querella "ya fueron rechazadas y desestimadas por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia y, posteriormente, del Tribunal Supremo.

Asimismo, ha rememorado que los hechos de la querella se remontan a hace aproximadamente diez años, por lo que ha transcurrido "muchísimo tiempo", y defiende que su actuación se limitó a elevar una propuesta "basada en los informes técnicos que obran en el expediente, evidentemente, como un mero acto de trámite". Se trata, critica, de unos informes que los denunciantes "han ocultado en la querella que han presentado", en su opinión, "de forma malintencionada".

Ortuño ha querido dejar claro que su voluntad ha sido la de comparecer "de forma voluntaria para poder esclarecer los hechos", y ha querido hacer una "reflexión", indicando que, cuando una persona está al servicio del interés público y tiene la responsabilidad de gestionar, "tiene que tomar decisiones".

"Las decisiones, en la mayoría de los casos, son acertadas, como entiendo que es el caso del puerto deportivo de Mazarrón", según Ortuño, pero a su juicio, hay ocasiones, que no se corresponden con la de "este caso", en las que las decisiones "no son tan acertadas". En estos casos, cree que no se puede considerar como consecuencia de ellos que "estemos hablando de la comisión de un delito".

En este sentido, ha afirmado que él confía "plenamente en la Justicia", y se ha mostrado convencido en que "todo transcurrirá con normalidad y con agilidad, de forma que todo quedará aclarado".

Por otro lado, Ortuño ha reconocido que la jueza ha suspendido su declaración este miércoles por la mañana para que certificara su aforamiento. El diputado ha entregado su credencial como tal y, posteriormente, la magistrada le ha permitido hacer las declaraciones que considerara oportuno.

En este sentido, ha precisado que él no puede renunciar a su condición de aforado, y ha insistido en que no está imputado, sino en que ha acudido voluntariamente para tratar de aportar todo lo que sabe de este expediente para que "todo se resuelva lo antes posible". "Es un acto meramente administrativo, y quien diga otra cosa lo dice de mala fe o por otros intereses", ha indicado.

Bascuñana afirma que se limitó a firmar

Por otra parte, Bascuñana ha reconocido ante la jueza que ostentaba el cargo de consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes en el momento en el que se tomó la decisión y, a partir de ahí, ha puntualizado "cómo se manifestó la información que tenía como consejero" en ese momento.

A este respecto, ha defendido que su actuación fue como la de "cualquier otro consejero" ante "cualquier orden que le viene". Así, recuerda que hubo una propuesta, en primer lugar por parte del director general y que llevaba "los informes técnicos y jurídicos", que eran "totalmente favorables".

"Por tanto, el consejero lo que hace es firmar esa orden que procede jurídicamente y técnicamente", tal y como ha transmitido Bascuñana tanto a la jueza como a los medios de comunicación. Así, ha justificado que él no tenía "obligación" de leerse "el informe completo", que al final "se resume en el informe jurídico y el informe técnico".

"Para eso están los técnicos y todo el personal funcionarial de la Dirección General", según ha destacado Bascuñana, quien cree que "todo se resume en esos dos informes". Si ha habido alguna "dificultad o pega", Bascuñana afirma que "se ha ido resolviendo" pero, al final, lo que se recoge es que los informes técnico y jurídico son "favorables y reúnen todos los requisitos".

Ha afirmado que el consejero "sí que lee" estos dos informes técnico y jurídico y, además, previamente los ha "recogido" el director general en la propuesta que le hace al consejero para la firma. "Lo que no puedo, como ustedes comprenderán, es leerme todo el expediente, porque para eso están los técnicos".

En este sentido, el ex consejero de Obras Públicas ha remarcado que él confía "plenamente" en esos técnicos, que considera que hicieron un trabajo "interesantísimo y muy profesional".

Además, ha querido precisar que el consejero "es un cargo político y no es un especialista ni técnico; ni es arquitecto, ni es un jurista". Al contrario, ha considerado que, para eso, "están los profesionales en la materia", y ha remarcado que el consejero "se lee aquello que se tiene que leer, pero no el expediente completo".

Bascuñana ha dicho desconocer si había algún informe desfavorable de algún técnico. "Yo lo que conozco es el informe favorable, y si hay algún funcionario que reconoce que no se tramitó bien, estamos hablando de ellos mismos en el trámite", ha destacado Bascuñana, quien explica que a él le llegó "el trámite terminado y favorable en todos sus aspectos".

"Están todos los informes y la propuesta por parte del director general", ha defendido Bascuñana, quien cree que se hizo "una gran obra". Asimismo, ha desmentido que el proyecto se tramitara a más velocidad que otros proyectos, ni con "urgencia", sino "igual que todos los demás".

"Lo que sucede es que este consejero, excepto días en los que estuviera fuera por razones obvias, he sido una persona que en los diversos cargos que he tenido responsabilidad he firmado prácticamente todos los días, y no veía necesidad de que si un documento estaba terminado permaneciera sobre la mesa una semana o tres días", ha matizado.

Bascuñana ha defendido que este martes, durante su declaración en sede judicial, él ha respondido "perfectamente" a las preguntas tanto de la jueza como de su abogado, pero no a las del Fiscal porque no estaba presente. Asimismo, ha reconocido que no ha contestado a las preguntas del abogado de la acusación, porque él no tiene "obligación" de responder a las preguntas de los querellados.

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