Aprobada la ley que permitirá hacer los trámites administrativos por internet a partir de 2009

  • Permitirá hacer 'el papeleo' por internet, teléfono, televisión u otros medios electrónicos.
  • La Administración General del Estado (AGE) garantiza que los usuarios podrán hacerlo a partir de 2009.
  • Las administraciones autonómicas y locales dispondrán de plazo hasta 2012.
  • Algunas asociaciones ya piden la modificación de esta Ley porque le encuentran graves carencias.

El Congreso ha aprobado la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que permitirá hacer cualquier tramitación administrativa por internet, teléfono, televisión o cualquier otro medio electrónico disponible en el futuro.

La Ley, en la que se incluyeron todas las enmiendas procedentes del Senado, obliga a la Administración General del Estado (AGE) a garantizar que los usuarios podrán hacer todos sus trámites de forma telemática a partir de 2009.

Esta Ley ha sido aprobada tras una profunda reforma, ya que en principio no recogía las recomendaciones de la ONU sobre el software libre. Pese a que estas mejoras ya se han incorporado, la Asociación de Internautas ha denunciado a través de un comunicado que no se han enmendado todos los "defectos".

Según las asociaciones que firman el comunicado, las administraciones públicas deberían trabajar con estándares abiertos, para reducir el gasto público en tecnologías de la información.

Qué podrá hacerse

Quienes quieran podrán usar los medios electrónicos para pedir información, hacer solicitudes, transacciones, oponerse a resoluciones y actos administrativos y cuantos derechos y facultades les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo, de forma que se faciliten y agilicen los procesos burocráticos.

No obstante, las administraciones autonómicas y locales dispondrán de plazo hasta 2012, ya que irán implantando estos sistemas en función de sus posibilidades presupuestarias.

La norma permitirá además a los ciudadanos utilizar los programas y el software que deseen, de forma que tanto los usuarios de software libre como los vinculados a multinacionales podrán hacer sus trámites sin problemas, ya que las Administraciones tendrán que usar estándares de uso generalizado, para evitar discriminaciones.

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