Nuevas viviendas de protección oficial para familias 'con recursos'
Según fuentes del ministerio de Vivienda, este nuevo módulo -para el que se baraja el nombre de "vivienda de precio concertado"- se calculará multiplicando un coeficiente representativo del nivel de vida de cada Comunidad Autónoma (CC AA) por entre 5,5 y 6,5 veces el Indicador de Rentas Públicas con Efectos Múltiples (IPREM), antiguo Salario Mínimo Interprofesional (catorce pagas de 460,5 euros).
El borrador del plan propone que sean las Comunidades Autónomas quienes decidan qué porcentaje de vivienda protegida (el total previsto para todo el Estado es de 180.000 hasta 2008) se acogerá a esta nueva tipología, aunque en ningún caso podrá superar un tercio del total.
Otra de las iniciativas propuestas es la de prolongar la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) a toda su vida útil, con el objetivo de evitar la especulación y aumentar el parque de vivienda pública, aunque la medida no tendría efectos retroactivos.
Al tiempo, el texto -que ha elaborado el departamento de María Antonia Trujillo junto a medio centenar de agentes implicados- pretende facilitar la venta de VPO una vez transcurridos diez años desde su compra (el plazo actual es de quince años), bien al precio de la VPO más cara en ese momento, bien a la suma del precio inicial y el aumento acumulado del Indice de Precios al Consumo (IPC).
Antes de esos diez años, podrán vender su VPO determinados colectivos, como jóvenes que hayan tenido descendencia tras la compra, familias numerosas o personas que necesiten cambiar de residencia por motivos laborales, aunque en éste caso y en el de las expropiaciones por impago, será obligatorio devolver las ayudas recibidas (a la entrada o a la financiación).
Para evitar los casos de fraude, el borrador del plan establece la obligatoriedad de que cada CCAA elabore un registro de vendedores y demandantes de VPO, que servirá como intermediario y evitará que exista conexión entre ellos.
La lucha contra el fraude es, precisamente, una de las prioridades del borrador, que establece fórmulas de cofinanciación para ayudar a las CCAA en esta materia. El plan, que todavía no tiene dotación presupuestaria -ésta la determinará el Consejo de Ministros en junio, mes en el que Vivienda pretende aprobarlo para, en julio, firmar los respectivos convenios con las CC AA-, prevé destinar más dinero a vivienda protegida en alquiler que a vivienda en compra, lo que se traducirá en una mayor financiación para los promotores de vivienda protegida en alquiler.