Francia encara de lleno el debate político sobre la muerte digna

Francia entra de lleno en el debate sobre la regulación legislativa de la muerte digna. El presidente francés, François Hollande, se prepara para un reto menos plácido de lo que esperaba con el examen parlamentario de la ley sobre el final de vida, una de sus promesas electorales, que prevé la "sedación profunda y continua" del enfermo terminal hasta su muerte.

Tras la legalización del matrimonio homosexual, esta ley, que llegó a la Asamblea Nacional, debería convertirse en la segunda gran reforma social del quinquenio de Hollande, pero el presidente socialista parece condenado a sufrir para conseguir que sus proyectos vean la luz.

Pese a que la proposición de ley ha sido redactada por diputados de ambos lados del arco parlamentario, el socialista Alain Claeys y el conservador Jean Leonetti, tanto izquierda como derecha ya han anunciado que no se lo pondrán fácil.

La iniciativa contempla la sedación "profunda y continua" para los enfermos terminales que lo pidan, así como la obligatoriedad de respetar los deseos anticipados del paciente en caso de que ya no pueda expresar su voluntad, salvo en algunos polémicos supuestos como el de "instrucciones manifiestamente inapropiadas".

Además, la sedación implicará necesariamente que se detenga el mantenimiento artificial de la vida, así como la nutrición y la hidratación del enfermo. Este es uno de los aspectos que más controversia ha despertado, ya que las asociaciones en contra de la eutanasia alegan que el paciente acaba muriendo de hambre y sed, con el sufrimiento que ello conlleva.

Pese a todo, tanto sus autores como el propio Hollande han querido dejar claro que no se trata de una legalización de la eutanasia ni del suicidio asistido. El ala más izquierdista del Partido Socialista (PS), junto a comunistas, centristas y verdes, aboga por ir más lejos: más de 120 diputados socialistas han apoyado una enmienda en favor de una ayuda activa y medicalizada a morir.

Frente a ellos, decenas de parlamentarios de la conservadora UMP la rechazan porque consideran que la proposición de ley avanza hacia un reconocimiento del "derecho a la muerte". El Gobierno de Hollande, que ya tuvo que enfrentarse en febrero a una moción de censura para conseguir sacar adelante su ley de liberalización económica en la cámara baja, corre el riesgo de toparse de nuevo con un Parlamento hostil, aunque no parece que vaya a tumbar la medida.

Por si fuera poco, tendrá también delante la oposición de líderes de las comunidades religiosas del país, que ayer publicaron en el diario Le Monde una carta conjunta en la que pedían "preservar la prohibición de matar".

En el texto, el cardenal Philippe Barbarin junto al gran rabino de Francia, Haïm Korsia, el presidente de la Unión de Mezquitas, Mohamed Moussaoui, y los cabezas de las iglesias protestante y ortodoxa denunciaban que el nuevo debate sobre el final de la vida "corre el riesgo de añadir confusión". "Pedimos que esta ley sea civilizadora, es decir, que ayude a vivir y a morir, sin acortar la vida ni decidir dar muerte abusando de la sedación", recoge la carta.

La legislación que regula la asistencia paliativa en España es imprecisa. Se prohíbe el suicidio asistido pero se permite suministrar al enfermo terminal una dosis letal de cianuro si horas antes se había declarado en huelga de hambre. Existen fórmulas para burlar la ley. Pero la eutanasia como tal está prohibida en España. Sin embargo, los datos que periódicamente publica el CIS aseguran que una mayoría de Españoles está a favor de que se regule este tipo de muerte asistida, legalizándose por la vía del derecho.