Prisión para el ex alcalde de Pego
- Carlos Pascual está condenado por delitos contra recursos naturales.
- Cumplirá seis años de prisión.
- El Concejal de Agricultura José Orihuel, también condenado.
- Ambos tendrán que indemnizar a la Generalitat.
El ex alcalde de Pego, Carlos Pascual (Iniciativa Popular), ingresará en prisión el próximo 2 de mayo en ejecución de la sentencia que le condena a seis años de cárcel por daños medioambientales en el parque natural del marjal Pego-Oliva, según informaron hoy fuentes municipales.
Alegó motivos de salud
De nada le sirvió al ex alcalde alegar motivos humanitarios y de salud remitiendo un escrito a la sección tercera de la Audiencia alicantina ya que la institución judicial decretó su ingreso en prisión.
Delitos medioambientales
En enero de 2004, la Audiencia condenó a Pascual a seis años de prisión y a seis años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 7.920 euros, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, quebrantamiento de medida cautelar, y atentado a funcionario público en la persona del director del parque, Vicente Urios.
Asimismo, condenó a José Orihuel, concejal de Agricultura en el equipo de gobierno de Carlos Pascual y Presidente de la Comunidad de Regantes de los Arrozales de Pego, a tres años de prisión e inhabilitación especial para cargo público electivo.
El Tribunal impuso al ex edil también una multa de 7.920 euros, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y quebrantamiento de medida cautelar.
La Generalitat será indemnizada
La sentencia condenaba también a ambos a indemnizar a la Generalitat con 1,2 millones de euros por los daños causados en 600 hectáreas de la Marjal y, estableció que la responsabilidad civil subsidiaria la asumieran el Ayuntamiento de Pego y la Comunidad de Regantes.
Los condenados recurrieron ante el Supremo la decisión judicial, pero el pasado 17 de noviembre, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ratificaba la sentencia. Pascual y Orihuel pidieron la suspensión de la sentencia, desestimada por la Audiencia provincial, argumentando motivos humanitarios y de salud, así como que había pedido amparo al Tribunal Constitucional y un indulto al Gobierno.