El Ayuntamiento de Valencia recula tras amenazar con desahuciar a una pensionista
- Dolores García cobra un subsidio de 311 euros y vive en un piso social con su hija, que está en tratamiento psiquiátrico.
- La vivienda estaba a nombre de su madre que falleció en 2006, y desde entonces ha intentado sin éxito poner el alquiler a su nombre.
- A finales de julio recibió una notificación de AUMSA, empresa municipal que gestiona estas viviendas, que le advertía que el 30 de septiembre procedían a desahuciarla.
- Tras la presión ejercida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se ha paralizado el desalojo y se ha abierto un plazo de 60 días para regularizar la situación.
"Desde que recibí a finales de julio la notificación del juicio y del desahucio estoy pasando un calvario, sin comer y sin dormir porque me veía en la calle con mi hija que sufre una depresión muy fuerte y está en tratamiento psiquiátrico".
Así ha resumido Dolores García Puig, de 66 años, el vía crucis que ha padecido este verano desde que recibió una carta del juzgado por la que se le comunica que AUMSA, empresa del Ayuntamiento de Valencia encargada entre otras cosas de gestionar las viviendas sociales, la ha demandado teniendo fecha de la vista para el 29 de septiembre y fecha del desahucio para el 30 de septiembre.
Tras recibir la notificación, Dolores se puso en contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que el pasado lunes convocó a todos los medios de comunicación para este jueves, con el objetivo de denunciar su caso.
Ante esta situación, la afectada recibió este miércoles una llamada de AUMSA en la que se le comunicó que se paralizaba el desahucio y se abría un plazo de negociación de 60 días para regularizar su situación.
"AUMSA no me cogía el dinero del alquiler"
Una situación que se remonta al año 2004, cuando Dolores se va a vivir con su madre, adjudicataria de la vivienda. Dos años después, en 2006, la madre de Dolores fallece y esta inicia un largo camino para intentar regularizar su situación.
Según ha explicado, en un principio intentó pagar los recibos de alquiler de 30 euros, pero AUMSA no le aceptaba el dinero. Luego intentó que se pusiera a su nombre el contrato de alquiler, pero tampoco la atendieron por lo que Dolores, que cobra una pensión de 311 euros, y su hija han continuado viviendo en la casa durante 8 años en los que AUMSA debía de tener constancia de su situación, sin que hiciera nada por tratar de solucionarla.
Por suerte, tal y como ha comentado, "todo ha terminado bien, me he quitado un peso de encima porque ahora al menos tengo la esperanza de que todo se pueda arreglar pagando un alquiler social".