Alaya reclama a la Intervención de la Junta todos sus informes desde 2002 sobre cursos de formación

La juez Mercedes Alaya ha dado un plazo de diez días a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que, a través de la Guardia Civil, entregue los informes que haya realizado desde el año 2002 en adelante "para el programa 32D o cualquier otro programa presupuestario relativos a los cursos de formación", todo ello dentro de una investigación en la que hasta el momento están imputados los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "investigue las funciones que ha desarrollado la Intervención General de la Junta en las subvenciones otorgadas en concurrencia competitiva mediante bases y convocatorias, en las de concesión directa y en el control financiero periódico de tales subvenciones a la formación".

Por ello, reclama a la Intervención General de la Junta para que, a través de la Guardia Civil, aporte los informes previos sobre bases reguladoras y orden de convocatoria, los informes previos a los acuerdos de Gobierno autorizando en su caso las resoluciones de concesión directa y los informes sobre control financiero periódico, así como los informes de conformidad o disconformidad".

Asimismo, la magistrada cita a declarar como testigo el próximo día 9 de octubre a Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta, a fin de que ratifique la declaración prestada ante la Guardia Civil, ante quien aseguró que la Administración andaluza había adjudicado dinero de la formación de forma "arbitraria" a sindicatos, empresarios y fundaciones y que no había habido un control de estos fondos.