La juez Alaya cita este viernes a un hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado a declarar como imputado este viernes al empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, y a otros siete imputados en la causa.

La juez imputó a Ángel Rodríguez de la Borbolla en marzo de 2012 por medio de un auto en el que destacaba que, "mediante un sistema de entramado de empresas dedicadas a la manufactura del corcho y ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla habría obtenido, con total ausencia de procedimiento, sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para las que fueron concedidas, ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo y que oscilarían alrededor de los 9.009.108 euros con cargos a los fondos públicos y a través de la agencia IDEA".

Este imputado intervino el 24 de septiembre de 2012 en la comisión de investigación sobre los ERE creada en el Parlamento andaluz y defendió que no se ha beneficiado ni directa ni indirectamente a título personal de un solo céntimo de las ayudas destinadas por la Junta para los planes de viabilidad de empresas del corcho en la Sierra Norte.

"Siempre he tenido la convicción de que las ayudas eran absolutamente legales porque resultará impensable que la Junta las ofreciera si no lo fueran y jamás tuve el menor indicio de lo contrario", indicó el exalcalde, al tiempo que añadió que todas las cantidades percibidas se han destinado a las empresas en crisis y de ninguna manera se trataba de empresas creadas 'ad hoc' para recibir subvenciones, como se ha llegado a decir, sino que son empresas que ya existían e intentaban hacer realidad el plan de industrialización de la Junta en una comarca deprimida.

Asimismo, la juez ha citado como imputados este viernes a otros siete imputados, entre ellos Antonio Diéguez Viera, vecino de Cazalla de la Sierra que, en base a un supuesto proyecto para crear un alojamiento rural en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, conseguiría "en virtud de sus influencias" y "mediante oficio totalmente carente de contenido y motivación" la concesión de una subvención específica de 300.000 euros, aunque la ayuda finalmente no le fue abonada.

Ante la juez comparecerán igualmente Santiago Florencio, quien como esposo de la también imputada Rocío Sayago, exsecretaria del propio Guerrero, "conseguiría por la influencia ejercida" en el exdirector de Trabajo que éste le concediera el día 5 de marzo de 2004 una subvención de 60.000 euros, y Agustín Moreno, exalcalde de Torrecera (Jerez de la Frontera, Cádiz).

Respecto a este último, la magistrada considera que "prevaliéndose de su presunta relación" con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández sería beneficiario de rentas derivadas de una póliza que se suscribió para las prejubilaciones correspondiente a la Faja Pirítica de Huelva, "a pesar de que nunca trabajó en ninguna de las empresas que comprenden la Faja".

La juez también ha citado como imputado a Isidoro Ruz Espigares, socio del exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, en empresas "que se constituirían por ambos con el único fin de obtener subvenciones de la Junta de Andalucía, a sabiendas que les iban a ser concedidas por Guerrero "con total ausencia de procedimiento".

En este sentido, cita los casos de 'Lladelso Hoteles' y 'Ave Nueva', precisando que sería a través de esta última sociedad como el imputado, junto a Trujillo y Guerrero, "obtendrían con cargo a los fondos públicos andaluces la cantidad de 450.000 euros" a través de un proyecto contenido "en tan solo dos folios".

Del mismo modo, la juez ha citado a declarar a Antonio Polonio, vecino de Las Navas de la Concepción (Sevilla) que habría recibido una ayuda de 150.000 euros para comprar un camión, y a Ramón Moreno, quien, como presidente del consejo de administración de Industrias del Guadalquivir (Invirsal), habría participado en la trama a cambio de que a su hermana, María Dolores Moreno, también citada este viernes, se le hiciera beneficiaria de una póliza de rentas.