El formulario de Google para borrar datos "no cumple exactamente" con la sentencia

El formulario recién dispuesto por Google para facilitar el "derecho al olvido" no es la primera ni la única herramienta para pedirle el borrado de enlaces a contenidos lesivos, pero simplifica el proceso y es "un primer paso en el buen camino" tras la sentencia europea, según algunos juristas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció hace un par de semanas "el derecho al olvido" de los ciudadanos en internet, en una sentencia motivada por el caso de un español que estableció que Google y el resto de buscadores deberán retirar los enlaces a informaciones que perjudican al ciudadano y ya no son pertinentes.

En respuesta, Google ha anunciado ya una herramienta para facilitar esos trámites desde internet, que recuerda al instrumento que ya ofrece en Estados Unidos para solicitar el borrado de enlaces relacionados con propiedad intelectual, en cumplimiento con la legislación de ese país.

El formulario de Google es "un paso inicial" para facilitar el procedimiento exigido por la UE, según la empresa, y "en los próximos meses" espera colaborar "estrechamente con las autoridades de protección de datos y otras entidades", a medida que "se revisa el enfoque" de su herramienta.

Para reclamar desde este formulario, previa identificación con su DNI, el interesado adjuntará los enlaces a los contenidos que supuestamente le son lesivos tras explicar por qué le perjudican.

Según el abogado Víctor Salgado, se trata de "un primer paso importante" de Google, aunque "se tendrá que depurar el procedimiento".

Aparentemente, ha advertido el experto, la herramienta "no cumple exactamente" con el contenido de la sentencia al eludir referencias legales al derecho de oposición o cancelación al que se refiere y eso abre la puerta a la posibilidad de que Google pudiera incumplir el plazo límite de respuesta de diez días que exige al menos la legislación española en protección de datos.

Asimismo, Salgado echa en falta la ausencia de un apartado en el formulario para adjuntar documentos oficiales que confirmen fehacientemente que son ciertas las manifestaciones de los reclamantes para exigir la retirada de los enlaces.

También el abogado Joaquín Muñoz, representante del español Mario Costeja, que ha sido precisamente el impulsor del "derecho al olvido", con un caso que ha motivado finalmente la sentencia citada, ha explicado que la herramienta dispuesta en Europa por Google está "bien" pero "se debe perfilar bastante".

En el caso de avalancha de reclamantes, ha advertido de que será complicado agilizar las respuestas teniendo en cuenta que deberá ser un equipo humano el que interprete una a una cuál debe considerarse y cuál no.

Ante la complejidad del proceso, Google ha designado un comité de expertos para analizar los casos más complicados; el representante español en este grupo es el exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) José Luis Piñar, según un portavoz de la tecnológica.

Otros miembros designados son Jimmy Wales, fundador de Wikipedia; Frank La Rue, Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, o Luciano Floridi, profesor de Filosofía y Ética de la información en la Universidad de Oxford.

La sentencia es "complejísima de aplicar", ha explicado el catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño, quien ha alertado de que las empresas pequeñas con escasos recursos no podrán cumplirla.

Según los expertos, una interpretación exagerada del "derecho al olvido" podría conllevar situaciones tan dramáticas como la desaparición de Internet de violadores o de asesinos en serie.

Actualmente el cauce legal para las reclamaciones de borrado de datos, y que seguirá vigente porque el formulario es sólo complementario, se inicia con el envío de las quejas directamente a la sede de Google, u otro buscador, en el país pertinente.

En España, se cuenta con diez días para responder al reclamante en caso de derecho de cancelación de datos, de cuyo tratamiento Google es responsable, según la sentencia.

En caso de no respuesta en ese tiempo, el ciudadano reclamará ante la Agencia de Protección de Datos, que tomará las medidas pertinentes.

Hasta ahora, las reclamaciones difícilmente llegaban a término dada la disparidad legal entre Europa y EE UU, en cuya legislación se ha venido amparando Google porque en protección de datos es más permisiva.