IU critica que la Junta saque la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo de los hospitales públicos

Izquierda Unida ha rechazado que la Junta "saque definitivamente" la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo de los hospitales públicos y ha afirmado que sólo un 0,46 por ciento de los abortos se realizan en Castilla y León se practican en un centro público.

La coalición, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que el 6 de marzo la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid anunció la licitación de procedimiento abierto para la contratación de la gestión del servicio público de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo para las pacientes beneficiarias de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid.

"Es decir, que la Junta de Castilla y León está procediendo a externalizar la gestión del servicio para este tipo de intervenciones", ha asegurado IU, que considera que con esta decisión la Junta sigue dejando a un lado "su obligación legal de garantizar un aborto público, seguro y gratuito".

En este marco, ha demandado a la Consejería de Sanidad que dé marcha atrás en el proceso de externalización y tome las medidas necesarias para que cualquier castellanoleonesa "pueda interrumpir su embarazo en la sanidad pública tal y como determina la ley".

La formación ha recordado que según el último informe anual publicado por el Ministerio de Sanidad sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2012 apenas el 6,5 por ciento de los abortos practicados en España son realizados en centros sanitarios públicos.

Además, ha añadido que ese dato es aún "mucho más llamativo" en comunidades como Castilla y León donde solamente un centro público (el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro Burgos) comunicó en 2012 haber realizado interrupciones. Debido a ello, solamente 15 de las 3.261 mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo (un 0,46 por ciento) lo hicieron en Sacyl.

PLAZOS

Izquierda Unida ha señalado que la legislación vigente permite interrumpir el embarazo con el único requisito de la petición de la madre durante las primeras 14 semanas de embarazo, plazo en el que se realizan más del 90 por ciento de los abortos.

A su juicio, "resulta escandaloso" que, si la práctica social se realiza dentro del plazo legal las mujeres sigan yendo a abortar a la clínica privada, "de manera semiclandestina".

Además, considera que contrasta con el alto porcentaje de mujeres que se informan sobre el procedimiento en centros públicos (el 52,4 por ciento) pero que sin embargo en su gran mayoría acuden después a centros privados.

Según Izquierda Unida, de acuerdo con algunos estudios, la principal causa de esta desviación son los plazos de espera en la sanidad pública, que pueden dilatar la intervención más allá del plazo legal y además generan mayor temor con respecto a los riesgos para la salud de las embarazadas.

Así, ha asegurado que se observa, por tanto, cómo a pesar de que haya un reconocimiento legal y de que la ley establezca que "la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma", existen "trabas" para abortar en la sanidad pública.

Agilidad "decisiva"

IU ha incidido en que la agilidad en los plazos es "decisiva" cuando un embarazo no deseado se conoce tarde o cuando pruebas para determinar la viabilidad del feto o sus posibles malformaciones se practican cuando el embarazo está ya bastante avanzado.

"La lentitud en la sanidad pública se debe a una falta de regulación del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario y a la falta de recursos que dilatan todo tipo de intervenciones quirúrgicas, lo cual se agrava con la actual política de recortes", ha añadido IU, que considera que en este caso no se está ante una medida de externalización que pueda intentar justificarse mediante el ahorro o la falta de medios ya que "en la práctica los hospitales públicos del Sacyl no estaban garantizando esta prestación sanitaria".

Por ello, considera que se trata de sacar "definitivamente" de la sanidad pública los pocos abortos que se practican, con lo que "se pierde la capacidad de asegurar que se realizan con unos criterios de calidad suficiente".

Finalmente, ha añadido que no se aspira al cumplimiento de la ley en cuanto a que esos abortos se practiquen en centros públicos o vinculados, ya que apenas se presupuestan practicar 383 intervenciones, lo cual supone poco más del 10 por ciento de las realizadas en 2012. "Las castellanoleonesas tendrán que seguir acudiendo, en su gran mayoría, a la empresa privada para tener acceso a una prestación sanitaria garantizada por ley", ha asegurado.

Por todo ello, José María González, portavoz de IU, ha registrado en las Cortes una pregunta en la que se inquiere en cuántos Centros de la Red Sanitaria Publica de Castilla y León se práctica la interrupción voluntaria del embarazo y cuál es el gasto destinado a la contratación de la gestión del servicio público de la prestación de Interrupción Voluntaria del Embarazo para las pacientes beneficiarias de la Seguridad Social, en cada provincia de Castilla y León.