Continúa este viernes el juicio contra el alcalde de Los Marines por construcción ilegal
El juicio contra el alcalde de los Marines (Huelva), el socialista José Ramón Rodríguez, que comenzó este lunes en el juzgado de lo Penal número 3 de Huelva, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación, tras supuestamente construir ilegalmente una vivienda en suelo protegido enclavado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, continuará este viernes, sesión en la que mostrarán las pruebas periciales y se elevarán las conclusiones y los informes definitivos.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, en la primera sesión el juicio no pudo quedar visto para sentencia tras todas las pruebas testificales, por lo que se retomará este viernes en la misma sala a partir de las 9,30 horas y se espera que finalice este mismo día.
Cabe recordar que el pasado lunes el primer edil de Los Marines, alcalde desde 1995, se declaró inocente de estos hechos, alegando que construyó una casa de aperos y una alberca para el riego de la finca, indicando además que para esta construcción contó con todos los permisos y también con los del propio parque natural y de los organismos competentes. A su vez, los otros dos imputados, el teniente de alcalde, Benjamín Aranda, y una arquitecta municipal, a los que acusa de un delito de prevaricación, también defendieron su inocencia.
Del mismo modo, José Ramón Rodríguez remarcó el hecho de que él mismo decidió inhibirse en este asunto y abstenerse de firmar cualquier permiso relacionado con las obras, no obstante se ha constatado que el permiso para la construcción del carril de acceso a la parcela sí lo firmó él.
Cabe recordar también que la defensa del alcalde solicitó la impugnación del escrito de acusación de la Fiscalía al considerar que el delito contra la ordenación del territorio ha prescrito, al ser su vigencia de tres años y remontarse la construcción a 2006.
Sin embargo, la Fiscalía rebatió este supuesto al entender que el delito mayor es el de prevaricación, cuya vigencia es de diez años, por lo que no habría prescrito y arrastraría el de ordenación contra el territorio. No obstante, el juez ha decidido resolver esta cuestión cuando dicte sentencia.
Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión, nueve de inhabilitación y una multa de 4.800 euros para el alcalde, dos años de cárcel y nueve de inhabilitación para el teniente de alcalde y otros nueve de inhabilitación y una multa de 4.800 euros para la arquitecta municipal.
En el escrito, el fiscal señala que el primer edil llevó a cabo, en calidad de promotor, la construcción de una vivienda de 75 metros cuadrados, con tejado a dos aguas, sótano y porche de 19 metros en la finca de su propiedad sita en el paraje del Agua en la localidad.