Junta recurrirá la sentencia que le acusa de "abuso de derecho" en la gestión de su deuda con el Ayuntamiento

La Junta de Andalucía ha anunciado este viernes que recurrirá la sentencia relativa a la gestión de la deuda que esta administración tiene contraída con el Ayuntamiento de Granada, después de que el juez detectara un "abuso de derecho" por parte del Gobierno andaluz y le acusara de vulnerar la lealtad institucional.

Así lo ha señalado el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Granada, José Antonio Aparicio, quien ha defendido haber actuado con "absoluta responsabilidad pública" en todo este proceso y ha censurado la "deslealtad" mostrada a su juicio por el Ayuntamiento granadino.

Así, ha considerado "inédito que un supuesto acreedor reclame el pago de una cuantía a su supuesto deudor" y "se niegue a facilitar la identificación de las facturas para su comprobación", así como que posteriormente, "denuncie ante los tribunales el archivo del expediente iniciado para comprobar la supuesta deuda a sabiendas de su forma de proceder".

Aparicio ha informado de que en mayo de 2012 mantuvo una reunión como titular entonces de Hacienda con el concejal de Economía, Francisco Ledesma, para tratar de acordar un plan de compensación y cerrar un calendario de pagos por la deuda contraída, una vez que fuese cotejada.

No obstante, relata, "esta comprobación no la pudimos realizar en ningún momento, pues el concejal se negó a elaborar un documento en el que se especificasen los conceptos y las cuantías adeudadas. Por contra, nos entregó un dossier, que registramos para poder dar oficialidad al documento y poder resolver sobre él, en el que las supuestas facturas aparecían encriptadas en una nomenclatura municipal imposible de descifrar por mi parte y que, además, contenía errores alarmantes", añade.

Entre ellos, el delegado ha citado la reclamación de facturas de IBI sobre inmuebles de propiedad de la Universidad de Granada o del propio Ayuntamiento, así como multas en las que no se identificaban "datos básicos e imprescindibles para su comprobación, como las matrículas de los vehículos infractores".

Por tanto, Aparicio se ha preguntado si "la deslealtad a la que hace referencia la sentencia se basa en no reconocer una deuda cuyo soporte documental es un dossier que, el mismo auto, califica de informal porque no tiene una base seria".

Comisión rehusada

En este sentido, el delegado ha lamentado que el concejal de Economía "rehusara reactivar la comisión mixta técnica, creada en 2005, con objeto de que fuesen los propios funcionarios y técnicos de ambas administraciones los que verificasen la deuda contraída y desbloqueasen el pago de la misma".

"Si realmente hubiese tenido interés en que el Ayuntamiento cobrara las facturas pendientes en beneficio de todos los granadinos no se habría negado a ampliar la información ni a reactivar la comisión mixta. Por el contrario, prefirió interponer un recurso en lugar de trabajar para sanear las cuentas municipales", ha expuesto el delegado.

José Antonio Aparicio ha subrayado que "en todo momento he actuado con absoluta responsabilidad pública pese a asistir a la disparatada historia de una pillería desmontada", si bien ha reiterado la disposición de la Junta a trabajar a través de una comisión técnica que coteje los datos de la deuda "con absoluta lealtad institucional".