El Gobierno modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico que crea un registro general y de tipo electrónico
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico.
Según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, la modificación pretende regular la actividad registral de la Administración hidráulica y establecer los criterios técnicos de valoración de los daños al dominio público hidráulico en desarrollo de la legislación sobre infracciones y sanciones en materia de aguas.
De este modo, ha añadido que el nuevo reglamento establece una nueva regulación en esta materia para que sea uniforme, electrónica y que promueve un régimen de infracciones "mucho más riguroso".
Además, ha dicho que en el marco de desarrollo de medidas de "eficiencia y de racionalidad" ha explicado que la modificación del RD849/1986 de 11 de abril también establece nuevos criterios de valoración de daños.
Concretamente, ha dicho que se establece una nueva regulación de la estructura y funcionamiento del registro de aguas para que sea uniforme, electrónico y que busca un nuevo régimen de infracciones "mucho más riguroso".
Asimismo, ha añadido que se crearán oficinas para hacer "más ágil y eficiente" la expedición de certificados en materia de agua, lo que permitirá mejorar el uso y consumo más responsable de las mismas.
Reordenación y efectividad
La vicepresidenta ha precisado que se hace de este registro una fórmula más transparente, más homogénea; se reordena su contenido; se transforma el registro en electrónico para todos los organismos de cuenca, con una actualización continua de los derechos de uso sobre las aguas y se diseña y hace más efectiva la base central de aguas para conocer y difundir los usos del agua en todo el territorio español.
También ha agregado que el nuevo reglamento valora de manera "mucho más objetiva" del daño causado al dominio público hidráulico con carácter general y uniforme, lo que lleva a una "mayor certidumbre, seguridad jurídica y sencillez" para los ciudadanos y las empresas en "una obligación" que es la protección de las aguas.
Sáez de Santamaría ha defendido también que la modificación solventa un vacío legal provocado por una sentencia del Tribunal Supremo de 2011 que dejaba sin efecto una orden ministerial de valoración de daños por no ser el instrumento adecuado.
En definitiva, ha dicho que se busca una mejor protección del régimen de las aguas mediante un registro que tiende a ser uniforme, general, electrónico, de mejor conocimiento y mucho más amplio.
Entre los objetivos del Real Decreto figura la reordenación de la organización y funcionamiento del Registro de Aguas, homogeneizando y actualizando su contenido, adaptándolo a los nuevos avances tecnológicos.
Igualmente, aspira a dotar de efectividad a la Base Central del Agua, para conocer y difundir los usos del agua en toda España y desarrollar los criterios que deben aplicarse para valorar el daño en el dominio público-hidráulico por los hechos que pudieran ser constitutivas de infracción en materia de aguas.