Alaya amplía la imputación contra los dos herrmanos de Fátima Báñez por Mercasevilla

La jueza Mercedes Alaya, que investiga las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, ha ampliado la imputación contra siete empresarios que pujaron por dichos suelos, entre los que se encuentran dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

En un auto dictado el pasado 31 de julio y notificado ahora a las partes, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla atribuye a estos siete empresarios, además del inicial delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, los presuntos delitos de prevaricación y fraude y exacciones ilegales en su condición de extraneus.

En concreto, estos empresarios son Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, así como Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, y José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la jueza que investiga el caso de los ERE falsos de la Junta que fije un calendario para las declaraciones de todas las personas imputadas en la causa que a día de hoy no han comparecido en sede judicial. Entre ellas se encuentran la exconsejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Alvarez; el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; o dos hijos del empresario José María Ruiz-Mateos.

En un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el Ministerio Público urge a la magistrada a que tome declaración a todos los imputados que no han prestado declaración judicial, citando también el caso del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, imputado desde marzo de 2011, o de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, que lleva imputado desde marzo de 2012.

La Fiscalía recuerda que ya en anteriores escritos "ha venido reiterando" la petición para que la magistrada fijara un calendario "razonable" a fin de oír en declaración a todos los imputados en la causa, que ascienden actualmente a 116, y "no demorar" en el tiempo su comparecencia, "no ya sólo para poder avanzar sistemáticamente en la instrucción de la causa y garantizar adecuadamente los derechos y garantías de éstos", sino también para "adoptar las medidas cautelares de naturaleza real que permitan el mayor reintegro posible de los fondos públicos presuntamente malversados".

"Entendiendo la necesidad de priorizar determinadas declaraciones y el avance en las diferentes líneas de investigación ante la complejidad y amplitud de la causa", la Fiscalía cita el caso de 24 personas que llevan imputadas, en algunos casos, hasta dos años, como Rivas o Mellet. Así, también refiere los casos del secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez García, y del secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca, imputados ambos desde enero de 2012, así como el de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) que lleva imputado desde marzo de 2012.

Anticorrupción considera "igualmente necesario" concluir con las declaraciones de las personas imputadas judicialmente -que no han comparecido hasta el momento en el Juzgado- en el marco de la operación 'Heracles', desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil, que investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo.

Asimismo, reitera su petición para que la jueza indague y practique una serie de diligencias en torno a los pagos realizados a las empresas "vinculadas" a los sindicatos UGT y CC OO por parte de las mediadoras y despachos "de asesores" intervinientes en la tramitación de las ayudas sociolaborales investigadas.

A fin de "avanzar" en la investigación "sobre la justificación de dichos pagos, las personas y entidades que se hayan beneficiado de los mismos", pide que se oficie a la Guardia Civil "para que aporte relación de las entidades y empresas perceptoras de dichas cantidades, con indicación de NIF y domicilio, entidad, fecha y cantidad que realiza el pago".

En el escrito, la Fiscalía también indica que en los informes que integran las reseñadas diligencias de la UCO, "en particular" los relativos al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas y a Estudios Jurídicos Villasís, "se recoge con detalle la operativa realizada por algunos de los imputados con distintas cuentas bancarias abiertas en la misma entidad, operativa que no debió  pasar inadvertida para los directivos de la misma".

De otro lado, la Fiscalía reitera su petición para "acelerar" la investigación de todos los expedientes relativos a perceptores de fondos públicos, ya que advierte de que la posible prescripción de los delitos perseguidos dejaría "sin perseguir y condenar, en su caso, la participación de personas que hayan percibido fondos públicos de forma presuntamente ilícita, con la consecuente dificultad para reintegrar en vía penal los mismos a las arcas de la Junta".

La Fiscalía dice que "de forma provisional y parcial y a meros efectos expositivos, puesto que si opera o no el instituto de la prescripción exigirá un estudio de cada caso en particular", esta situación "se podría plantear en relación a perceptores de fondos públicos" vinculados con hasta 14 expedientes, entre los que cita los casos del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, Santana Motor, Jerez Industrial, Gestifesa o Bufete Olivencia Ballester.

A fin de "acelerar" la investigación relacionada con cada uno de los expedientes citados, Anticorrupción plantea al Juzgado que "solicite todas las medidas de refuerzo que permitan afrontar la causa con recursos humanos y materiales suficientes", así como que "dé las instrucciones pertinentes tanto a la Guardia Civil como a la Intervención General para que se avance en todas las líneas de investigación de la causa".

La Fiscalía reitera su petición para que la juez impute al presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), Francisco Jardón; al responsable de relaciones laborales de la empresa Cespa, José Antonio Pérez, y al responsable de FCC Medio Ambiente, Alvaro Mollinedo, ya que considera que "deben de ser oídas en calidad de imputados aquellas personas que, de forma indiciaria, tenían conocimiento de que, sin procedimiento alguno y mediante la figura de beneficiario de una póliza de seguros, han posibilitado que dos sociedades mercantiles -FCC y Cespa- hayan cobrado, cada una de ellas, como mínimo, 276.222,24 euros de la Junta".