Crespo insiste en que la solución de los desahucios "no son las expropiaciones", que crean "inseguridad jurídica"
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha recordado este jueves que la nueva legislación sobre desahucios, aprobada por el Congreso de los Diputados y vigente para toda España, "contempla la paralización de las ejecuciones hipotecarias durante dos años y a coste cero para aquellas familias que se encuentran en riesgo de exclusión" y ha afirmado que "la solución al problema de los desahucios no pasa por las sanciones y las expropiaciones contempladas en el decreto de la Junta que, como ha advertido la Comisión Europea, crea inseguridad jurídica e incertidumbre entre los inversores".
Crespo, según informa en una nota la Delegación del Gobierno en Andalucía, ha insistido en que el Gobierno de España "siempre tendrá una mano tendida" hacia el Gobierno bipartito que preside José Antonio Griñán y, en este sentido, ha reiterado la oferta de abrir una vía informal de diálogo sobre el decreto en el seno de la subcomisión de conflictos Gobierno-Comunidad Autónoma. Pero también ha querido dejar claro que "el Gobierno va a seguir trabajando para garantizar la igualdad de los españoles, de forma que las comunidades autónomas actúen sólo en el ámbito de sus competencias".
Recurso ante el tc
Crespo ha hecho esta valoración tras la decisión del Gobierno de llevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, por considerar que, entre otras cosas, "afecta al derecho esencial de la propiedad privada e invade competencias a nuestro juicio reservadas a las Cortes Generales".
Todo ello, según Crespo, sumado a "la mala imagen que se está generando de Andalucía fuera de nuestras fronteras". El recurso fue presentado el martes ante el TC, una vez conocido el informe del Consejo de Estado que avala la posible inconstitucionalidad de la norma autonómica, y ha sido admitido hoy a trámite, lo que conllevará la suspensión cautelar del decreto durante cinco meses.
La delegada del Gobierno ha defendido las medidas contra los desahucios impulsadas desde hace meses por el ejecutivo de Mariano Rajoy, y aprobadas ya por el Congreso y el Senado, como "la fórmula más equilibrada de ayudar a las familias en riesgo de exclusión". Entre ellas se incluye un Código de Buenas Prácticas al que se han adherido la mayor parte de las entidades bancarias, posibilidades de renegociación de la deuda, limitación de los intereses de demora, dación en pago y paralización de los procesos de desahucio por dos años cuando las familias se encuentran en riesgo de exclusión social.
Por otra parte, cabe recordar que el Gobierno ha puesto en marcha un Fondo Social de Viviendas por el que aquellas personas que hayan sufrido un desahucio desde enero de 2008 podrán acceder a un alquiler a precio moderado en función de sus circunstancias socioeconómicas y que las entidades financieras han aportado alrededor de 6.000 viviendas a este fondo, en cuya gestión participan de forma activa las ONG.