Uralita asegura que invirtió más de 1,2 millones en seguridad y los trabajadores esperan que les den la razón
La compañía Uralita ha indicado que desde 1964 a 1996 ha invertido más de 1,2 millones de euros en inversiones en diversas medidas de seguridad e higiene en su fábrica de Sevilla, según ha indicado la empresa tras la celebración del juicio civil en relación con las demandas presentadas por extrabajadores de la fábrica sevillana de Uralita, donde los extrabajadores esperan que la juez les dé la razón y les concedan los 2,2 millones de euros solicitados en concepto de indemnización.
El Juzgado de lo Social de Sevilla ha acogido este lunes y este martes el primer juicio colectivo donde 26 extrabajadores —algunos de ellos fallecidos, por lo que fueron sus familias— exigen a la empresa 2,2 millones de euros en total en concepto de indemnización por las enfermedades generadas por el contacto con el amianto.
El juicio se celebró el pasado lunes y este martes, en una segunda jornada donde se han mostrado las pruebas periciales aportadas por la empresa, tras lo que el juicio no pudo concluir a pesar de terminar la vista oral, debido a la "complejidad de las pruebas", por lo que las conclusiones de las partes deberán remitirse por escrito a la juez en el plazo de tres días, según han indicado a Europa Press fuentes del caso.
Fuentes de los abogados de los extrabajadores se mostraron "optimistas" tras la finalización de la vista, a pesar de que "esto es una lucha de fuerzas y los afectados nunca lo han tenido fácil".
Estas fuentes han indicado a Europa Press que mantienen sus planteamientos y siguen siendo optimistas "a pesar de que la empresa insiste en que estos extrabajadores tienen las patologías pero éstas no tienen repercusión funcional y no les supone limitación".
Por su parte, la compañía ha indicado en una nota remitida a Europa Press que Uralita invirtió en el periodo 1964-1996 más de 1,2 millones de euros en inversiones en diversas medidas de seguridad e higiene en su fábrica de Sevilla, "una cifra que actualizando IPC serían unos cinco millones de euros (834 millones de pesetas)".
Han apuntado que durante el juicio "los propios trabajadores de la empresa han manifestado que hubo adopción de medidas de seguridad por parte de la empresa".
Asimismo, han indicado que Uralita "puso en marcha un laboratorio de recuento de fibras que fue el primero en ser homologado y también creó la comisión nacional del amianto que luego hizo suya la Administración central".
Han recordado que la fábrica de Uralita se cerró en 1998 "y 20 años antes, en 1977, fue de las primeras empresas que, adelantándose a la legislación, adoptó voluntariamente diversas medidas de prevención, cinco años antes de que entrara en vigor la Ley española de 1982 y seis años antes de que aparecieran las recomendaciones al respecto de organismos tan relevantes como OIT (Organización Internacional del Trabajo) y CEE (actual UE)".
Uralita considera que es importante "hablar de este asunto contextualizando" y, en este sentido, ve "significativo" señalar que "hoy está reconocido con los conocimientos del presente que el amianto es una sustancia nociva, pero hace 40 años se desconocían los efectos del amianto y era un material legalmente utilizado por numerosos sectores tanto en España como en el resto del mundo; fue una sustancia permitida por la UE hasta 2005".
En ese sentido, apuntaron que "ni el mesotelioma ni el cáncer de pulmón se reconocieron como enfermedades profesionales de amianto hasta 1978". Han aludido a un reciente informe del Consejo de Estado "que reconoce que la única medida eficaz para prevenir las enfermedades derivadas del amianto y muy especialmente las cancerígenas es la prohibición del uso del amianto hecho que no se produjo en España hasta el año 2002".
Por último, Uralita reitera que "siempre ha desarrollado su actividad cumpliendo estrictamente con toda la legislación vigente en materia de amianto".