Banqueros en el banquillo: sólo Mario Conde y Miguel Blesa han ingresado en prisión

El envío a prisión de Miguel Blesa ha sido uno de los ejemplos recientes más mediáticos de directivos de entidades financieras respondiendo ante el juez por la gestión de su compañía. Blesa salió de la cárcel de Soto del Real poco después de ingresar y el juez que lo envió allí es ahora el que se encuentra imputado por prevaricación. Esta fugaz visita de Blesa al penal deja a Mario Conde como único banquero condenado a prisión que ha ido a la cárcel.

Sólo Alfredo Sáenz, del Banco Santander, estuvo cerca de ir a prisión, pero el Gobierno de Zapatero le concedió el indulto. Los directivos de Caixa Penedès también fueron condenados a prisión, pero ninguno pisó la cárcel porque el juez tuvo en cuenta varios atenuantes y ninguna de las penas superó los dos años.

Exdirectivos de Bankia, CAM, Caja Castilla-La Mancha, Banco de Valencia, Novacaixagalicia, Caixa Penedès o Bancaja han pasado por los juzgados para explicar su gestión de estas entidades. Posibles delitos de falsificación, estafa, administración desleal, apropiación indebida, prejubilaciones millonarias, preferentes... Las causas por las que se ha investigado o condenado a los principales banqueros del país en la última década son variadas:

El titular del juzgado de instrucción nº 9 de Madrid ordenó su ingreso en prisión comunicada, eludible bajo fianza de 2.500.000 euros, rechazando la petición del sindicato Manos Limpias que había solicitado una fianza de tres millones de euros a la que el Ministerio Público se ha opuesto.

La CAM fue intervenida por el Banco de España en julio de 2011 y sustituyó a sus administradores además de inyectar 2.800 millones de euros por parte del FROB. En los informes se describieron irregularidades de los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

La Fiscalía Anticorrupción le llamó a delcarar por las irregularidades detectadas por el Banco de España tras la intervención decretada por el Gobierno en 2009. El juez concluyó que la cuantía de 7.100 millones de euros que la entidad necesitó para ser rescatada evidencia "de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil", según el auto de apertura de la causa.

A finales de 2012 Moltó denunció ser víctima de un "apaleamiento público" y aseguró que su entidad fue gestionada "con profesionalidad y con mecanismos internos de control homologables".

El juez José María Vázquez Honrubia consideró que la conducta de los cuatro directivos fue "maliciosa e insidiosa", pero tuvo en cuenta que repararon el daño causado al devolver los 28,6 millones en pensiones que cobraron de manera irregular y que, en la última jornada del proceso, reconocieron los hechos (no así durante el juicio, cuando defendieron la legalidad de las pensiones que les adjudicaron). De esta forma, el magistrado decidió no condenarlos por apropiación indebida y reducir las penas, así que ninguno de los condenados tuvo que pasar por prisión.

El juicio de Caixa Penedès fue el primero contra exdirectivos de cajas de ahorros en la Audiencia Nacional, antes de que comenzaran los procesos contra los antiguos responsables de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Novacaixagalicia.