Economía

Hacienda impuso controles al acceso de inspectores y técnicos a datos de la amnistía fiscal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención en unasesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
EFE/J. J. Guillén

La dirección de la Agencia Tributaria impuso durante meses un sistema de control previo para el acceso a información de la amnistía fiscal a inspectores y subinspectores. Hasta el pasado mes de feberero (cuando se modificó la norma) los encargados de perseguir el fraude fiscal tenían que solicitar, caso por caso, un permiso concreto al alto cargo responsable de cada dependencia para poder comprobar la declaración tributaria especial (DTE) en el caso de que el contribuyente a investigar la hubiera presentado. Así consta en un correo interno de la dirección de Hacienda al que ha tenido acceso este diario.

Todos los inspectores y técnicos de la Agencia Tributaria podían conocer si un contribuyente se había acogido o no a la amnistía fiscal. Han presentado una DTE si en el expediente individual de cada uno aparecía una indicación con la letra "T" en el apartado "otra información". Para acceder entonces a dicha información había que solicitarlo expresamente al responsable de la Unidad de Planificación y Selección, o a través del inspector regional adjunto, todos cargos de confianza y libre designación.

Este control previo "no tiene precedentes en la Agencia" ya que para todos los expedientes siempre hay libre acceso, explican a 20minutos fuentes solventes. Normalmente, tanto inspectores como técnicos de Hacienda, sí que están sometidos a un control posterior, que les exige justificar cualquier acceso a información "sensible".

La Agencia Tributaria ha informado oficialmente a este diario de que dicha metodología de control ya no está vigente, y que todas las DTE son plénamente accesibles. "Hoy por hoy pueden entrar a toda la información en función de los perfiles de riesgo cargados en su plan de trabajo o en contactos relacionados", aseguran. Esta apertura informativa se ha producido después de una "batalla contra la opacidad", tal como han señalado empleados de Hacienda a este diario. Otras fuentes internas, por su parte, van más allá y denuncian un nuevo intento de "politización" en la Agencia Tributaria.

Fuentes consultadas por este diario han puntualizado que en delegaciones como Murcia y Baleares se mantiene el acceso restringido, y que tanto técnicos como inspectores siguen necesitando "autorización del jefe de selección".

Apenas 1.192 millones recaudados

La Declaración Tributaria Especial aprobada por el ministro Cristóbal Montoro en marzo del año pasado pretendía recaudar unos 2.500 millones de euros ofreciendo a los contribuyentes con rentas y patrimonios ocultos el pago de un gravamen reducido del 10%. La medida permitió aflorar unos 40.000 millones de euros, según datos oficiales, si bien la recaudación por esta regularización apenas supuso 1.192 millones (el 3%).

La razón de este desajuste, tal como explicó en su momento el portavoz del colectivo de inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, se debió a que buena parte de las rentas afloradas anteriores a 2008 ya habían prescrito, por lo que la Dirección General de Tributos permitió gravar solo por los intereses generados desde entonces.

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