Las acusaciones sostienen que Maurilio Parrado se consideraba el "señor absoluto de la Sección de Minas"
El fiscal y las cuatro acusaciones particulares personadas en el juicio por presunto cohecho contra los hermanos Maurilio y Amado Parrado Castro, el primero jefe de la Sección de Minas de Valladolid entre 2000 y 2004 y el segundo ingeniero del ramo, han sostenido hoy que el entonces responsable del departamento se consideraba "señor absoluto" del sector.
En ese contexto, consideran probado que desde la "atalaya" que ocupaba Maurilio Parrado aprovechó para "presionar", "coaccionar" y "someter" a distintas empresas condicionando la suerte de sus expedientes a la obtención de favores para él y su hermano, desde la contratación de Amado por parte de las mercantiles hasta la entrada de ambos como socios de las mismas o la designación por parte del entonces jefe de Minas de los ingenieros que tenían que redactar y firmar los proyectos.
En tales términos se han expresado la acusación pública, el letrado de la Junta y los de las tres empresas supuestamente perjudicadas, Gracalsa, Álvarez Fray y Julio César Valle y Minas, quienes en la penúltima sesión del juicio que se sigue por estos hechos en la Audiencia de Valladolid han hecho causa común y, en sus respectivos informes, han insistido en que hay una "clara solicitud" de dádivas por parte de Maurilio Parrado como condición impuesta a los empresarios para agilizar sus proyectos y que éstos no quedaran olvidados en algún cajón de su despacho en la Sección de Minas.
En una jornada centrada en la exposición de los informes definitivos que se ha prolongado durante cinco horas y media, el fiscal ha hecho un somero repaso de los distintos cargos globalmente imputados a ambos hermanos y que luego las acusaciones particulares han cirncunscrito a sus respectivas empresas, en todos los casos coincidentes en la consideración de que el entonces jefe de la Sección de Minas vio facilitada su labor supuestamente delictiva en el hecho de que era el único ingeniero de minas del departamento y, por ello, su "control era absoluto" y sus informes "determinantes" para el desenlace de los expedientes tramitados por los empresarios de áridos de la provincia.
"Lo que hace Maurilio Parrado para dominar el sector es recordar a los empresarios que él era el jefe y que todo depende de sus informes, para luego solicitar ventajas o dádivas para que los expedientes tuvieran un feliz desenlace", ha resumido el acusador público, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha ido centrando en cada uno de los casos en los que, presuntamente, se valió de esta posición de poder para doblegar a industriales del ramo.
Entre tales empresarios, el fiscal ha subrayado el caso de Julio César Valle, representante de Minas S.L, de quien ha recordado que la denuncia que interpuso por estos hechos y que desencadenó el presente proceso judicial es "detallada, clara y aporta prueba documental y testigos", al tiempo que, según ha apostillado, no fue gratuita por cuanto "era plenamente consciente de las consecuencias y riesgos de la misma", en referencia a que en un principio llegó a figurar como imputado en la causa como cooperador en el cohecho.
Por ello, el fiscal y las acusaciones particulares solicitan para Maurilio y Amado penas que podrían elevarse hasta los seis y dos años de cárcel, respectivamente, en el primer caso por delitos de cohecho y prevaricación en concurso con falsedad en documento oficial y negociaciones como abogado sin estar colegiado, y en el caso de su hermano como cooperador necesario en el de cohecho, mientras que las indemnizaciones reclamadas por las empresas perjudicadas se elevan a 56.000, 230.000 y 968.000 euros.
Julio césar valle,
El instigador
Por su parte, la defensa de Maurilio Parrado, que no ha podido concluir su informe final por falta de tiempo, con lo que mañana la Audiencia Provincial vivirá una última jornada para completar su exposición y la de la segunda defensa, ha iniciado su informe denunciando la "absoluta indefensión" de su patrocinado ante la inconcreción de los hechos imputados por las acusaciones y, sobre todo, al no haber presentado éstas el documento supuestamente falsificado que se atribuye a su cliente.
Pero además ha tratado de desvirtuar el testimonio del empresario Julio César Valle ante su "falta de credibilidad y continuas contradicciones" y situar a éste como instigador del proceso sobre el que pivota el resto de acusadores particulares, "que se mueven por intereses económicos temerarios".
En su pormenorizado y extenso alegato de defensa, el representante del exjefe de Minas ha mantenido que todos los expedientes tramitados por éste se ajustan escrupulosamente a la legalidad y ha recordado que su patrocinado difícilmente pudo prevaricar por cuanto no tenía poder decisorio ni facultad para autorizar proyecto alguno, algo sólo reservado a su superior jerárquico, el entonces jefe del Servicio de Industria, Ricardo del Fresno.
El defensor, a su vez, ha incidido también en que buena parte de los hechos imputados a Maurilio se produjeron cuando éste no ocupaba la jefatura de minas, lo que pondría en tela de juicio su poder coercitivo, y considera poco creíbles y más propias de la "paga de un adolescente" las supuestas "mordidas" de entre 100 y 300 euros mensuales que su cliente habría obtenido durante dos años de la empresa de Julio César Valle.
Asimismo, el letrado, que solicita un fallo absolutorio y en caso de condena pide a la sala que aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en el proceso, al haberse dilatado éste de forma injustificada durante ocho años, ha calificado de "sangrante" que algunas de las empresas personadas como acusadoras responsabilicen a Maurilio de precintar o tratar de entorpecer su actividad cuando éste se limitó a aplicar la legalidad.
Como ejemplo de ello ha citado el caso de la fábrica de Cementos La Parrilla, construida sin autorización de Minas e Industria, y sobre todo de la gravera 'El Lucero' de Álvarez Fray situada en Laguna de Duero, finalmente precintada y sobre la que había numerosas órdenes de cierre de distintas administraciones por encontrarse en situación "absolutamente ilegal".