El pleno rechaza paralizar la liberalización de Mercasevilla entre interpretaciones opuestas de los informes
El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha rechazado gracias a la mayoría absoluta de la que goza el PP la moción defendida conjuntamente por PSOE e IU-CA, para reclamar la paralización provisional de la modificación de reglamentos emprendida en Mercasevilla, —la sociedad gestora del mercado central de abastos—, al objeto de liberalizar la lonja de pescado con el consiguiente despido de casi cien trabajadores. El gobierno municipal y la oposición han expuesto interpretaciones opuestas sobre los informes y resoluciones que pesan sobre conflicto y el concejal popular Gregorio Serrano, presidente de Mercasevilla, ha anunciado su pretensión de "llegar hasta el final".
La liberalización de los servicios de la lonja parte de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los documentos emitidos al respecto por la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.
Porque en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).
El pronunciamiento del parlamento europeo
El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y señaló que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.
Así, y merced a los "requerimientos", el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados". Esto se traduce en la liberalización de la lonja de pescado de Mercasevilla, con el consiguiente despidos de unos cien empleados.
La petición de la plantilla
La moción defendida conjuntamente por el PSOE e IU-CA, en ese sentido, recuerda que el pasado mes de noviembre, los trabajadores de Mercasevilla elevaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una solicitud para que esta institución se pronunciase, tras haber revisado la queja de los mayoristas, "sobre si realmente existe una exigencia que pudiera desprenderse de las leyes europeas", toda vez que "el Parlamento Europeo aún no se ha pronunciado sobre esta petición". Por eso, esta moción conjunta reclamaba la suspensión provisional de la modificación de los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla, hasta que el Parlamento Europeo "aclare" si verdaderamente dicha liberalización, que implica casi un centenar de despidos, es "una exigencia de las instituciones europeas".
A tal efecto, la concejal de IU-CA Josefa Medrano y el edil socialista Juan Carlos Cabrera han expuesto durante el pleno sus sospechas en cuanto a que esta iniciativa responde a un "pago de los servicios prestados" por los mayoristas de pescado en favor del PP y no a un "imperativo legal" relativo al derecho comunitario. "Es una decisión política", han defendido ambos aludiendo a un intento de "privatizar" Mercasevilla en lo que supone un "jaque mate" a esta sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense. Igualmente, han criticado que el Gobierno municipal socialista haya defendido que no es necesario esperar la respuesta a la petición elevada a la Cámara Comunitaria por el colectivo de trabajadores al carecer de competencias el Parlamento Europeo. "¿En qué quedamos?", han ironizado respecto a las alusiones de Gregorio Serrano a las instancias comunitarias.
"llegar hasta el final"
El concejal popular Gregorio Serrano, presidente de la empresa, ha defendido de su lado que corresponde "a la Comisión Europea y no al Parlamento" vigilar la aplicación del derecho comunitario y ha esgrimido los informes emitidos al respecto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Comisión Europea para asegurar que el régimen de prestación de servicios de Mercasevilla constituye un "exotismo" e "infringe las leyes de la competencia". "A ver si se enteran de una puñetera vez", ha enfatizado defendiendo la necesidad de "poner fin" a las prácticas de "monopolio" de Mercasevilla en la lonja de pescado. "Vamos a llegar hasta el final", ha aseverado después de reprochar a la oposición que no haya formulado alegaciones al respecto.
La oposición, no obstante, ha reprochado a Serrano que esgrima sólo determinadas "frases" o párrafos de los informes que pesan sobre este caso. "Usted ha leído lo que le ha interesado", han dicho los concejales de la oposición, quienes ven clara las diferencias entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea pero defienden que sería necesario esperar a que las instancias comunitarias aclarasen el asunto porque, según aseguran, no media ninguna resolución concluyente al respecto. "Esto es una decisión política", han insistido, toda vez que la moción no ha prosperado al imponer el PP su mayoría absoluta.