El Gobierno quiere ahorrar 7.129 millones de euros con la reforma de los ayuntamientos

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que cuando se apruebe la reforma de la administración municipal que prepara el Gobierno el 82% de los concejales españoles realizará su actividad "sin cobrar".

Esto afectará sobre todo a las grandes ciudades, ha asegurado, donde los concejales tienen "dedicación exclusiva" y a partir de ahora no la tendrán, aunque sí estarán comprometidos en la gestión política de sus ciudades y de sus pueblos. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid, de 57 concejales solo cobrarán 45; en Barcelona, de 41 concejales solo cobrarán 32.

Montoro ha explicado que el Gobierno ha decidido "traducir" el compromiso de reducción de concejales que anunció hace meses el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy —del 30%—, en "el mantenimiento de una estructura sin retribución". "Es más barato hacerlo así", ha dicho. En cifras, del total de concejales que hay en España, 68.285, solo 12.188 cobrarán un sueldo.

Entre 2013 y 2015, el Ejecutivo pretende ahorrar en total 7.129 millones de euros, 145 de los cuales corresponderán a la reducción de "eventuales y cargos electos" y 3.282 millones a la "eliminación de duplicidades". El informe del anteproyecto aprobado este viernes supone algunos cambios respecto a la presentación de esta misma reforma que realizó el Gobierno el pasado mes de julio y ahora se enviará al Consejo de Estado para que realice sus aportaciones.

Así, el ministro ha anunciado también que en tres meses, todas las mancomunidades y "entidades locales menores" deberán rendir cuentas, "si no, desaparecerán". Montoro ha dicho que no es admisible que no se presenten cuentas, pero no ha querido concretar el número de mancomunidades que podrían desaparecer.

Sobre el resto de entidades, si no presentan sus cuentas, serán intervenidas, "vaciadas de competencias", y sus funciones pasarán a la entidad siguiente. En cuanto a la Federación Española de Municipios y Provincias tampoco ha aclarado si está de acuerdo con esta reforma porque en su seno "hay discrepancias".

Otra de las novedades de la reforma es que quedará "prohibido" crear nuevas empresas públicas locales y que se terminarán ciertos "monopolios" municipales, como los relativos a mercados y lonjas. Se eliminarán, además, las "competencias impropias" municipales -"No se reducen", ha aclarado el ministro, que asegura que la reforma supone un "avance del municipalismo"-, es decir, aquellas de titularidad autonómica que los ayuntamientos venían ejerciendo, y se fijará un "coste estándar" de cada servicio público.

Las diputaciones, ha añadido el ministro, asumirán los servicios de municipios con menos de 20.000 habitantes "que no lleguen a la cobertura de esos estándares". Otra novedad es la profesionalización los cargos directivos locales, "serán única y exclusivamente funcionarios", ha dicho el ministro. Los Presupuestos Generales del Estado fijarán una limitación en el salario de sus funcionarios.

Los alcaldes de municipios de más de 500.000 habitantes cobrarán, como mucho, como un secretario de Estado, "en torno a los 100.000 euros brutos" (67.055,31 euros, más una serie de complementos); esta cantidad disminuirá en función del número de habitantes. Los alcaldes de localidades con menos de mil habitantes no percibirán nada.

Actualmente, casi una quincena de alcaldes de capital de provincia cobran más que un secretario de Estado, con el regidor de Barcelona, Xavier Trias, a la cabeza como el mejor remunerado con un sueldo anual de 109.939 euros.

Detrás de Trias aparecen en esta clasificación los alcaldes de Madrid, Ana Botella, con 94.703 euros, de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, con 91.812 euros, de Bilbao, Iñaki Azkuna, 96.399 euros menos el 7% equivalente a la paga de los funcionarios, y de Valladolid, Javier León de la Riva, con 88.000 euros. La mayoría de los electos locales no cobran por su actividad, un porcentaje que algunos partidos políticos elevan hasta el 85%.

Se va a acometer también una reducción "muy notable" del número de asesores con cargo a los ayuntamientos, que pasarán a ser 6.489, ha informado el titular de Hacienda. En los grandes municipios, el personal eventual no podrá suponer más del 0,7% del total de la plantilla.

Los objetivos de esta reforma "de calado" son "clarificar competencias municipales, racionalizar la estructura de la administración local y la profesionalización en la función local, tanto la desempeñada a nivel político como a nivel administrativo", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Con esta reforma se fijará la competencia exclusiva e íntegra de la sanidad, la educación y los servicios sociales en las comunidades autónomas para desligarlas con una mayor precisión de las competencias locales. Además, se limita el uso de autorizaciones administrativas locales para iniciar una actividad y se suprimen monopolios heredados del pasado (mercados y lonjas)