Baleares

El juez inicia este miércoles los interrogatorios a la excúpula de UM por la presunta financiación ilegal del partido

La excúpula de Unió Mallorquina (UM), encabezada por la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, deberá desde este miércoles rendir cuentas ante la justicia en el marco de una nueva causa abierta contra una quincena de exdirigentes de la extinta formación, y que indaga la supuesta financiación ilegal del partido y el pago de comisiones por parte de empresas contratistas de la Administración.

Y es que el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, iniciará este miércoles la ronda de interrogatorios a los imputados de este procedimiento judicial, con la toma de declaración del exconseller insular y expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer, citado a partir de las 11.00 horas, tal y como han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Mientras tanto, el jueves está previsto que comparezcan el exportavoz parlamentario del partido Bartomeu Vicens y el exvicepresidente del Consell de Mallorca Antoni Pasqual, ambos defendidos por los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, la exsecretaria del grupo de UM Rosario Martín Piris, y el exconseller de Medio Ambiente del Govern Miquel Àngel Grimalt.

Un día después declararán el exvicepresidente insular Miquel Nadal, asistido por el letrado Miquel Arbona; la exconsellera de Cultura Dolça Mulet; el exsecretario del Consorcio del Juego Hípico Nicolau Tous, y los letrados Matías Barón y Mateu Sedano. Asimismo, el próximo lunes será el turno de la exconsellera Catalina Julve, representada por Gabriel Garcías; el responsable de la empresa FCC Pau Martín; el exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antoni Oliver, y el excoordinador de UM Antoni Caldentey, defendido por Josep de Luis.

Finalmente, el martes están emplazados a declarar, junto a Munar, el exsecretario general de la formación 'uemita' Damià Nicolau, así como los también imputados Manuel Patiño, Pedro Iturbide y Concepció Montaner.

En concreto, entre otras cuestiones, los exdirigentes de UM deberán dar explicaciones en torno a las comisiones que, puestos de común acuerdo, supuestamente exigían a las distintas empresas que contrataban con la Administración, más en concreto de entre el 3 y el 10 por ciento del importe de los contratos adjudicados las mismas.

Y es que, según la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio inicio a este nuevo procedimiento, a la que tuvo acceso Europa Press, las mercantiles investigadas se veían obligadas al pago de comisiones a cambio de las cuales obtenían garantías de que iban a ser ellas las adjudicatarias de las contrataciones. Así, los querellados, por sí mismos o "con la influencia que tenían en las administraciones por su pertenencia a UM", lograban favorecer a estas mercantiles con contrataciones.

Es más, según el escrito del Ministerio Público, también conseguían que la Administración abonase un precio superior al de mercado para que el pago de comisiones no perjudicase a los contratistas, al tiempo que idearon la gestión de los fondos que procedían de las dádivas o contraprestaciones ilegales, destinando parte de los mismos a UM.

Simularon falsos donativos y venta de lotería

Tal y como postulan los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán, estos fondos eran ocultados tanto a Hacienda como a las autoridades competentes, mientras que impulsaron fórmulas para que el dinero aflorara y se integrase en la contabilidad "oficial" del partido mediante la simulación de aportaciones voluntarias o venta de lotería. El Ministerio Público considera indiciariamente acreditada la mecánica de falsos donativos, pagos de servicios sin facturas e ingresos a cuenta de loterías.

En concreto, sobre los imputados pesan los supuestos delitos de cohecho, malversación, fraude a la administración, prevaricación, blanqueo de capitales, delito electoral y asociación ilícita. En el caso de Munar, investigada en un total de cuatro procedimientos judiciales, pesan cinco años y medio de cárcel por el desvío de 240.000 euros a la productora que controlaba, junto al exvicepresidente insular Miquel Nadal, a través de sus testaferros.

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