El alcalde de Córdoba ve "excesivo" el papel de secretarios e interventores en los ayuntamientos

José Antonio Nieto (PP), alcalde de Córdoba, considera "excesivo" el papel de secretarios e interventores dentro de los ayuntamientos, por lo que plantea un control sobre la gestión que se realiza pero respetando la autonomía municipal, teniendo en cuenta, explica, "las circunstancias heredadas que tienen cada uno de los ayuntamientos". En este sentido, dice que la última decisión debe ser del alcalde en base a los criterios técnicos y dentro de la legalidad.

"Es necesario el respaldo del interventor, pero también la autonomía del municipio", argumenta Nieto en una entrevista con Europa Press en la que asegura los alcaldes "exigen" su independencia. No obstante, opina que es una medida necesaria por "soportar una situación de antes que trae una gestión más austera" pero que aportará beneficios en un "periodo razonable".

El alcalde de Córdoba, durante su ponencia en el curso 'Pensar los Gobiernos locales en el actual estado autonómico' que se realiza en el Centro 'Olavide en Carmona' con el apoyo de la UPO, explica que las medidas adoptadas durante este miércoles tienen cuatro temas conflictivos: "las limitaciones que marca la Ley en economía sobre lo que podemos hacer en las diputaciones; la responsabilidad penal de si nos pasamos; el excesivo papel de secretarios e interventores y que hemos pasado de la transparencia al exhibicionismo por unos casos de opacidad anteriores".

Problemas en los gobiernos locales

En relación a los gobiernos locales, Nieto opina que el principal problema reside en "la falta de liquidez y la situación de tesorería en general" por la producción de un exceso de estructura en los últimos años y a que ahora no permite abordar los temas ordinarios, ha declarado.

"Tenemos que recibir herramientas que se implanten a nivel nacional y autonómico para poder equilibrar ese gasto", ha dicho José Antonio Nieto en cuanto a la falta de solvencia de los ayuntamientos, donde el municipio de Córdoba, explica, de los 400 millones de euros disponibles tan solo cuenta con cuatro millones de euros o un 1% para inversión, frente al 99% destinado a gastos, que dice "son provocados, en su mayoría, por la herencia del gobierno anterior".

Otro de los aspectos que destaca en la falta de liquidez, es la mala gestión en la distribución de competencias, en la que afirma "la próxima ley que se aplicará establecerá una administración, una competencia". Hasta ahora, explica, la derivación de recursos entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos llega "con retraso" provocando una falta de solvencia y la quiebra, dice, de más de 500 ayuntamientos.

"La falta de estructura de la Junta de Andalucía hace que use a los municipios como financiadores de unas políticas como la social o la política activa de empleo" que requieren de unos ingresos para su puesta en marcha que "no se pagan". Aspecto que se viene, explica Nieto "porque no existe un marco jurídico, estable, serio o fiable donde se definan las competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas, las diputaciones o los ayuntamientos".

Así, en esta etapa en la "menos colaboración con el municipalismo se está produciendo por la Junta de Andalucía" y que ha generado un colapso en las cuentas municipales desde el punto de vista de la tesorería, José Antonio exige "que se reconozca la mayoría de edad de éstos". "Hay que hacer refuerzo y hay que ahorrar y lo estamos haciendo con más eficacia que las comunidades autónomas".

Por ello, concluye y pide que se definan las competencias y una vez establecidas, puedan "gestionarlas solos, sin la tutela de nadie y sin que no nos pidan en las competencias que no son nuestras, asumamos gastos que no nos corresponden", matiza, para resolver el marco "abusivo" en el que se encuentran actualmente.

Ley de mala gestión de recursos públicos

En cuanto a la Ley de mala gestión de los recursos públicos, José Antonio argumenta que en caso de que se produzca un mal uso de estos recursos, el responsable sabe que ese gasto excesivo injustificado estará tipificado como delito. "Gastos de 10 millones de euros en proyectos que no se han llevado a cabo y que si ahora se hace lleva consigo una responsabilidad penal y se considera delito" explica, en una Ley que a su juicio es a lo más que se ha llegado en delitos y decisiones erróneas en las administraciones.

La Ley que pretende una buena gestión de los recursos se llevará este viernes o el próximo al Consejo de ministros, después se debatirá en el Congreso y el Senado y posteriormente, se valorará su entrada en vigor.