El Ministerio del Interior confirmó ayer la noticia publicada por El País sobre las intenciones del Ejecutivo de transponer la directiva europea sobre retención de datos en telefonía y comunicaciones electrónicas aprobada en febrero para combatir el terrorismo.
Desde Interior confirmaron los puntos básicos del anteproyecto de ley que probablemente aprobará hoy el Consejo de Ministros. Así, las compañías deberán guardar durante al menos 12 meses los datos de sus clientes, tanto los de contrato como los de prepago.
Estos datos sólo los podrán solicitar las Fuerzas de Seguridad y no incluyen el contenido de las conversaciones, sino los números del emisor y del receptor de la llamada, el lugar desde donde se realiza y su duración. La nueva normativa también obligará a identificar a los nuevos usuarios de tarjetas prepago y a los ya existentes, que hasta ahora eran anónimos.
Vigilancia de la CMT
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) mostraban ayer su preocupación por que las compañías aprovechen el coste de aplicación de las nuevas medidas para subir sus tarifas. Por ello piden a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que verifique el coste real de la adaptación para evitar subidas exageradas.
Las operadoras rehusaron ayer valorar la noticia hasta que se apruebe la norma, desde Telefónica Móviles reconocían que podría conllevar una ampliación de bases de datos, con un aumento de capacidad de almacenamiento y de administración.
La guerra del ‘Gran Hermano’
Desde que el 11 de septiembre de 2001, Al Qaeda atacó el corazón de EE UU, los países occidentales han ido dando pasos adelante en la vigilancia de sus ciudadanos para aumentar su seguridad y ganar la guerra al terrorismo.
El último peldaño sería la identificación de millones de usuarios de tarjetas prepago no identificados, una operación que las operadoras califican de muy complicada, ya que los clientes ya existentes en esta modalidad, si la futura ley no lo «remedia», sólo dan sus datos de forma voluntaria.
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