Realizan en el cementerio de San José de Cádiz la primera exhumación de un supuesto bebé robado
Los trabajos que se están realizando desde este lunes en el cementerio San José de Cádiz para llevar a cabo la primera exhumación de los restos de un supuesto caso de bebé robado aún no han dado resultados claros, ya que el proceso es "complicado" y podría durar "entre tres o cuatro días", al encontrarse supuestamente enterrado en una fosa común en la que se acumulan hasta 40 féretros.
Según ha explicado a Europa Press el abogado de la asociación 'SOS Bebés Robados', Martín de la Herrán, el caso, el primero que cuenta con una orden judicial, es el de un bebé nacido en 1977 en el actual hospital Puerta del Mar de Cádiz y se encuentra en una sepultura común en el suelo "cubierta de tierra, donde se acumulan 40 féretros uno encima del otro" y deben al que hace 17 comenzando por abajo. Agrega que el proceso tiene "mucha complicación" porque las cajas estarán "muy deterioradas, incluso desintegradas" y, por tanto, "es difícil ir localizando uno a uno hasta el que sabemos que es el nuestro", sin que hasta el momento haya habido "señales claras ni resultados".
De la Herrán ha indicado que en la provincia gaditana hay presentadas "unas 70 denuncias" y detalla que las de Cádiz capital "se han archivado en su mayoría", mientras en Jerez "se les sigue dando impulso". Ha precisado que muchas denuncias se están archivando porque la Audiencia Provincial de Cádiz considera que estos delitos han prescrito, "lo que contradice lo que ha dicho la Audiencia Provincial de Huelva o Barcelona, que cree que son delitos permanentes y no han prescrito".
El abogado de la asociación entiende que el proceso acabará en el Tribunal Supremo para que unifique criterios, pero apunta que "todavía hay muchos que no han llegado a ese estado de prescripción y seguimos impulsándolos".
En cuanto al coste económico que tienen que afrontar las familias denunciantes para exhumar las fosas, De la Herrán detalla que cuando se realizan por orden judicial son gratuitas pero, por contra, cuando se realizan de manera voluntaria las familias tienen que hacer frente a un coste "muy elevado" si se quiere contar con todas las garantías para que tenga validez en un futuro proceso judicial.
Así, explica que se necesita un fedatario público o notario que certifique la exhumación y, posteriormente, un laboratorio que tome las muestras a la familia y a los restos para garantizar que se cumplen los protocolos de continuidad y de mantenimiento de esas muestras "para que en un futuro proceso judicial tenga validez". Todo ello tiene "un alto coste", alrededor de los 1.500 euros, un precio que para la mayoría de estas familias, "que tienen escasos recursos económicos es demasiado y no pueden afrontarlo".