IU-Huesca cree que el acuerdo de la UE con Marruecos perjudicará seriamente a pequeños y medianos productores aragoneses
El diputado de IU por el Alto Aragón y portavoz en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Miguel Aso, ha registrado este jueves una Proposición no de Ley sobre el acuerdo de liberalización de productos agrícolas con Marruecos aprobado hoy por el Parlamento Europeo que estima "perjudicará seriamente" en Aragón.
Aso ha alertado de que "tendrá efectos devastadores para las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas" y ha detallado que este "pacto" puede traer consigo la un descenso de 450.000 puestos de trabajo en España, la desaparición de 250.000 explotaciones hortofrutícolas y pérdidas de 8.500 millones de euros en las explotaciones españolas.
A su entender, "este acuerdo basado en la competencia desleal que supone que el salario medio en Marruecos es de 5 euros por día, mientras que en España es de 50, solo beneficiará a las grandes multinacionales europeas de la alimentación y a los grandes terratenientes marroquíes, entre ellos, y sobre todo, al rey de Marruecos, que sigue siendo el mayor propietario de tierra agrícola fértil".
Además, ha criticado que "en este acuerdo sigue sin tenerse en cuenta algo fundamental a la hora de abordar el comercio: la calidad democrática y social de los productos, las condiciones de explotación que padecen los agricultores marroquíes y el dumping social que supone liberalizar para hacer competir vía precio a los productos agrícolas europeos con los marroquíes".
Aso ha agregado que "se sigue sin exigir a Marruecos que cumpla y garantice unas mínimas condiciones sociales, laborales y fitosanitarias".
Ante esta situación, Aso reclama en esta Proposición no de Ley que las Cortes de Aragón rechacen la aprobación del acuerdo de liberalización de productos agrícolas con Marruecos, por considerar que van a perjudicar muy seriamente a los pequeños y medianos productores aragoneses.
Además, exige que la Cámara inste al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno central para que estudien y pongan en marcha las oportunas indemnizaciones al sector y, en colaboración con las Organizaciones de Productores Agrarios, estudie por los servicios jurídicos del Gobierno de España, la posibilidad de que pueda recurrirse el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.