Menacho prevé que las obras de la Ciudad de la Justicia comiencen en cuestión de semanas
El consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Francisco Menacho, ha anunciado este lunes que "antes de un mes estará firmado ya el contrato (con la empresa adjudicataria) y podrá comenzar la obra" de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.
En rueda de prensa, Menacho, quien ha realizado una visita institucional al municipio cordobés de Palma del Río, ha recordado que la impugnación de la adjudicación provisional del proyecto, por una de las empresas que optaban al mismo y que se produjo el pasado noviembre a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Corsán-Corviam Construcción, S.A.-Copcisa Industrial y S.L.U-Detea, S.A., ha sido la causa de que aún no hayan comenzado las obras.
Ahora, la empresa adjudicataria "está esperando a que la contratación sea definitiva", estando ya "comunicado incluso el plazo último, por si hay algún tipo de reclamación", de tal forma que, "si hay, pues lo volveremos a ver, pero eso es en cuestión de nueve o días, y a partir de ahí se procede a firmar el contrato y a empezar la obra, o sea, que ahí no hay ningún parón".
En cuanto a las críticas del PP porque no haya partida presupuestaria específica para la Ciudad de la Justicia de Córdoba, Menacho ha señalado que no es necesario que así sea, por ahora, debido al sistema de financiación público-privada con el que se hará posible esta nueva infraestructura judicial, cuya ejecución se ha previsto en un plazo de 34 meses y con una inversión en obra de 65 millones de euros.
Financiación público-PRIVADA
En concreto, la Ciudad de la Justicia de Córdoba es el primer proyecto de infraestructura judicial que se realizará mediante la citada fórmula de colaboración público-privada y su coste asciende a 345 millones de euros.
A través de esta fórmula de cofinanciación, la Junta de Andalucía adjudica a la mencionada UTE la licitación del derecho de superficie sobre una parcela de 12.112 metros cuadrados, situada en la zona de Arroyo del Moro, en la que la compañía se encargará de construir y explotar el edificio.
La Administración autonómica abonará un alquiler por el uso de las instalaciones, que albergarán la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital cordobesa, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros.
La explotación del inmueble se otorgará por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía. En este periodo la empresa asumirá su mantenimiento y limpieza, la gestión del archivo judicial y la explotación de las placas fotovoltaicas del tejado y la cafetería, así como de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, entre otras instalaciones. Así, la Junta se ahorrará unos 130 millones de euros en estos aspectos.
El arrendamiento se abonará mediante la fórmula del pago por disponibilidad, es decir, en función de la disposición que se haga del espacio y de la calidad del servicio, aplicando fórmulas específicas de cálculo.
Más de 50.000
Metros cuadrados
La construcción de la Ciudad de la Justicia se realizará de acuerdo con el proyecto redactado por la empresa Aguas y Estructuras SA (Ayesa), que prevé una superficie construida de 50.894 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas en altura (32.894) y dos sótanos (18.146).
El edificio reunirá todos los requerimientos del nuevo modelo de Oficina Judicial en el que trabaja la Administración autonómica, para así conseguir una Justicia más ágil, eficiente y cercana al ciudadano, con innovaciones como la creación de servicios comunes para distintos órganos judiciales.
La Ciudad de la Justicia de Córdoba será el tercer complejo de este tipo que se pondrá en marcha en Andalucía, después de la de Málaga y la de Almería. Asimismo, es el primer proyecto de infraestructuras judiciales en el que se emplea la fórmula de colaboración público-privada, que permite obtener los beneficios de la cooperación del sector privado y dar respuesta a la actual coyuntura económica. Este mecanismo ya se viene aplicando en obras viarias y portuarias, así como en la construcción de edificios administrativos.