La Sala de Gobierno del TSJCV pide dos funcionarios y un secretario para la Audiencia de Alicante por el incendio
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado este miércoles solicitar a la Dirección General de Justicia un refuerzo de dos funcionarios y al Ministerio de Justicia un secretario para la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante.
La "urgencia" de estos refuerzos es consecuencia del incendio sufrido en la madrugada del pasado lunes en las dependencias que ocupa dicha sección. El fuego ha destruido centenares de expedientes de ejecutorias que procede reconstruir con la información registrada de forma digital, según ha explicado el TSJCV en un comunicado.
A instancias del presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, la sala ha querido reconocer públicamente a los funcionarios de la sección segunda, por su "labor encomiable" durante estos días, por su colaboración en el proceso de limpieza, de recogida de expedientes, en definitiva, "en todas las operaciones llevadas a cabo tras el incendio, para conseguir activar el servicio con toda normalidad, lo antes posible".
La Sala del Gobierno del TSJCV también ha acordado comunicar a todos los juzgados la relación de Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito que se mantienen operativas, según Favide, tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sufrido.
Asimismo, se tomado conocimiento de la relación de jueces de la 62ª promoción que como refuerzo, según aprobó la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, serán en breve destinados a los juzgados: 1 de Novelda; 1, 2 y 3 de Nules; 1 de Picassent; y 1 y 4 de Llíria, así como el reparto de trabajo que de ello se deriva.
Por otra parte, se ha abordado el reparto en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia: el titular se ocupa del conocido como 'caso Emarsa' y la Juez de Adscripción Territorial (JAT) del resto de asuntos.
También se ha decidido solicitar la renovación del magistrado de refuerzo para la sección 7ª de la Audiencia de Alicante con sede en Elche. Además, se ha tramitado la petición de un segundo apoyo para esa misma sección y, a los efectos de poder formar sala, se ha convocado la comisión de servicio para una tercera plaza de refuerzo que se ofrecerá a magistrados de carrera.
Además, se ha acordado pedir comisión de servicio sin relevación de funciones para el Juzgado de Primera Instancia 5 de Castellón, competente en materia de Registro Civil; así como un apoyo para el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castellón.
Por otro lado, dará traslado a la Dirección General de Justicia de la conveniencia de mantener el laboratorio de genética existente en el Instituto de Medicina Legal de Valencia y solicitará a la Dirección General de Justicia varios funcionarios como refuerzo para el juzgado de Lo Social de Benidorm (Alicante), que en breve contará con juez de refuerzo. La sala ha reiterado la conveniencia de que este órgano fuera trasladado a Alicante para "minorar de forma efectiva los problemas de carga de trabajo que sufre".
Asimismo, ha acordado autorizar la puesta en marcha en Alicante del protocolo de conformidades penales que funciona en Valencia, en el juzgado de Lo Penal número 8. Con él, se permite la citación previa al juicio de las partes —y no de todos los testigos— para conocer la posibilidad de una conformidad. En caso de que la haya, no se celebra juicio.
Videoconferencia entre jueces y agentes
Por otro lado, ha decidido dirigirse a la Conselleria de Justicia para que los jueces puedan usar videoconferencia con los agentes de Policía Local, de Guardia Civil y de Policía Nacional que deban participar en un juicio en la provincia de Alicante.
También se ha abordado autorizar la puesta en marcha en Alicante del protocolo que funciona en Valencia y que permite a los condenados con Trabajos en Beneficio de la Comunidad participar en ruedas de reconocimiento como cumplimiento de pena y trasladar las consideraciones hechas en el seno de la comisión de policía judicial celebrada en Alicante sobre el mapa judicial actual de la provincia.
Por último, también se trasladará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el ofrecimiento de la Asociación Profesional de Criminología de la Comunidad Valenciana para la realización de informes en la ejecución de penas.