FETE-UGT pedirá responsabilidades penales a los Gobiernos de Camps por "despilfarro" en gestión de fondos públicos

El secretario general de FETE-

Ugt pv, Guillermo Martí, ha anunciado este jueves que el sindicato pedirá responsabilidades penales al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y sus distintos Gobiernos por "despilfarro e incompetencia en la gestión de fondos públicos", después de que este miércoles el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, anunciara un recorte de 271 millones de euros que afecta principalmente a los funcionarios de enseñanza y sanidad.

Así lo ha anunciado Martí en una rueda de prensa en la sede del sindicato acompañado del secretario de enseñanza de FETE-

Ugt pv, José Gil, en la que ha calificado la medida tomada por el Gobierno valenciano como una "nueva, contundente y grave agresión contra los trabajadores de la enseñanza de la Comunitat Valenciana".

Martí ha indicado que estudian tomar medidas "judiciales y administrativas contra los responsables de la quiebra de la Generalitat valenciana". El sindicato tiene previsto denunciar ante Fiscalía Anticorrupción y presentar "en su caso, una querella criminal contra los gestores políticos responsables de haber llevado a la bancarrota a la Comunitat Valenciana", al mismo tiempo que ha exigido que "se devuelva el dinero público indebidamente gastado".

Además, desde el sindicato se han anunciado reuniones para la próxima semana con el resto de agentes sociales y movilizaciones porque, según ha comentado, "con las últimas medidas económicas se llega a una rebaja de la nómina de un 20 o 25 por ciento, y eso no se puede permitir".

Martí considera que desde el sindicato "hay que defender el salario de los funcionarios". Por este motivo, desde FETE-UGT "no se descarta una huelga inminente en el sector educativo". Además se ha solicitado la dimisión del conseller de Hacienda, José Manuel Vela, "porque no es un interlocutor válido porque hace un mes dijo que nunca se bajarán las retribuciones de los funcionarios".

El dirigente de FETE-

Ugt pv ha insistido en que la situación económica actual de Comunitat Valenciana está "en quiebra" y se debe "a la pésima actuación del Gobierno autonómico como consecuencia de la corrupción, el despilfarro y la incompetencia de los gobernantes". "Exigimos saber dónde ha ido a parar el dinero de los impuestos", ha agregado.

Los responsables de FETE-

Ugt pv consideran que ha habido un "engaño premeditado al conjunto de la sociedad valenciana, al negar la situación de ruina y quiebra antes de las elecciones autonómicas" de mayo de 2011.

Martí considera que "hay que buscar las vías para resolver las problemas económicos de la Comunitat, pero no cargarlo a espaldas de los funcionarios y los trabajados que desempeñan su labor en los servicios públicos". Ha puesto como ejemplo que el salario de los 1.400 profesores de religión pase a pagarlos la Iglesia, en lugar de cargarlos a los presupuestos de educación.

"medidas inadmisibles"

Martí ha calificado de "inadmisibles" las diez medidas que adoptó el Consell el miércoles y que afectan al sector sanitario y de la enseñanza y "para de contar porque no afecta al resto de funcionarios". El secretario general de FETE

Ugt pv ha hecho hincapié en el recorte al 50 por ciento de los sexenios docentes y la eliminación de los futuros. "Estos sexenios van ligados a la formación de los profesores y a la calidad de la enseñanza, si no se reconocen, ésta se va a resentir" ha explicado.

"Entendemos los sacrificios y que se bajen los sueldos y los complementos, pero no lo han hecho a todos los funcionarios" se ha quejado. "Si nos sacrificamos lo hacemos todos y no de forma arbitraria, algo que está prohibido para un representante político", ha recordado.

El secretario general de Enseñanza de FETE-

Ugt pv, José Gil, ha insistido en la idea de que "el dinero se ha malgastado y alguien tiene la responsabilidad de ese dinero despilfarrado o usado indebidamente". "Exigimos que se devuelva", ha pedido. "No se ha hablado de malversación de fondos, sino de despilfarro", ha aclarado. Gil ha coincidido en iniciar acciones "de tipo penal o administrativo contra los responsables del despilfarro".