Junta niega negligencia en el expediente sancionador contra Carmen Janeiro por ampliación ilegal de su vivienda
La delegada provincial de Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Silvia López, ha rechazado que, tal y como aseguran desde Ecologistas en Acción, exista negligencia alguna en el expediente sancionador abierto contra Carmen Janeiro, hermana del extorero Jesulín de Ubrique, por la ampliación ilegal de su vivienda ubicada en el interior del Parque Natural Sierra de Grazalema.
La Delegación Provincial de Medio Ambiente ha desmentido, en declaraciones a Europa Press, que el expediente sancionador haya quedado "paralizado" o que haya corrido riesgo de caducar, no existiendo, por tanto, ninguna "negligencia" como aducen los ecologistas.
Asimismo, la delegada provincial ha recordado a Ecologistas en Acción que el procedimiento sancionador se inició a iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, concretamente por acuerdo de 16 de mayo de 2003.
El expediente, por infracción a la Ley 2/89 de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, le imputaba la construcción sin autorización de una edificación de nueva planta de 108 metros cuadrados de superficie, incluido un porche de 18 metros cuadrados, en el mismo lugar donde existía anteriormente un almacén de menor superficie.
Todo ello en terrenos del paraje conocido como finca Llano de Mesines, en el término municipal de los Barrios (Cádiz) y dentro de los límites del Parque Natural Sierra de Grazalema.
Con fecha de 21 de abril de 2004 se dictó resolución sancionadora, imponiéndole una sanción de 30.050,61 euros y llevando aparejada la obligación de restituir el terreno afectado a su estado originario, con derribo de la construcción realizada.
Así, desde Medio Ambiente han "lamentado" que Ecologistas en Acción "se posicione una vez más contra la labor de la Consejería, en lugar de aunar esfuerzos por una lucha común en la protección del medio ambiente". Del mismo modo, les ha reprochado que "desconozcan el procedimiento administrativo" alegando que el expediente podría haber caducado de no ser por ellos, cosa que "no es cierta", ya que "el expediente nunca podía caducar porque ya estaba resuelto" desde 2004.
Lo que ocurre, según explican, es que Carmen Janeiro interpuso un recurso de alzada, que es un derecho que le asiste como ciudadana, y eso ha demorado el procedimiento hasta que finalmente ha sido desestimado este mismo año y ella —la sancionada— ha decidido de motu propio ejecutar el derribo y cumplir con la sanción impuesta.