Bruselas investiga por sorpresa a algunos bancos europeos que aplican el euríbor

La Comisión Europea está realizando inspecciones sorpresa en empresas del sector financiero de los estados miembros ante las sospechas de que hayan alcanzado acuerdos ilegales para pactar precios y repartirse el mercado de los derivados financieros ligados al Euribor, según ha anunciado en un comunicado.

"La Comisión teme que las empresas en cuestión podrían haber violado las reglas antimonopolio de la UE que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas", según ha anunciado en un comunicado.

Siguiendo su práctica habitual, el Ejecutivo comunitario no ha desvelado el número ni la identidad de las entidades afectadas, ni tampoco los Estados miembros involucrados.El objetivo de la CE es el sector de los productos financieros derivados vinculados a la Euro Interbank Offered Rate, es decir, el euríbor, índice de referencia en nuestro país para las hipotecas -a un año- y tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí, entre otras cosas.

Estas normas, dice en el comunicado, "prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas", añade la nota.

The Wall Street Journal asegura que entre los investigados hay un gran banco alemán y otro francés; Bruselas ha rehusado confirmar si España es uno de los países afectados. De hecho, no ha ofrecido detalles de la operación pero la agencia Europa Press apunta a que comenzaron el 18 de octubre.

Las inspecciones se iniciaron en los locales de empresas activas en el sector de los productos financieros derivados vinculados a este tipo de interés para operaciones interbancarias, precisó la CE, y los encargados de llevarlas a cabo son funcionarios de la Comisión.

Las inspecciones por sorpresa constituyen un paso preliminar en la investigación de prácticas contrarias a la competencia. El hecho de que se lleven a cabo no significa que las compañías sean culpables ni prejuzga el resultado.

No existen plazos legales para completar estas investigaciones. Su duración depende de una serie de factores, incluyendo la complejidad de cada caso, el grado de colaboración de las empresas y el ejercicio del derecho de defensa.