Unas 186 familias temen perder sus casas ante desavenencias económicas entre el promotor y el dueño del suelo

Así lo han explicado varios de los afectados a Europa Press, quienes han detallado que los particulares, que se hallan en situaciones dispares en cuanto a la adquisición de sus casas, han iniciado distintos procesos ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera que, consecutivamente, ha dado la razón a los propietarios, si bien tras establecer recurso ante la Audiencia Provincial, las distintas secciones han dictados sentencias dispares que son favorables a la propietaria del terreno en algunos casos y a los particulares, en otros.

Con esto, y aunque no todos los vecinos han llegado a iniciar un procedimiento judicial, 30 familias han terminado por interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras el rechazo por parte del Tribunal Supremo, a fin de concretar la propiedad de los inmuebles en los que actualmente habitan. En la misma línea, la empresa propietaria de los terrenos ha recurrido también al Constitucional en defensa de sus intereses, con lo que esperan que para los próximos meses se emita una sentencia firme.

Las familias afectadas se reunieron a principios de agosto para trabajar conjuntamente en favor de sus derechos y poder enfrentarse socialmente a las dos empresas responsables del presunto fraude en el que se ven envueltos, de manera que han fijado un calendario de protestas que continuará la próxima semana en el municipio almeriense de Garrucha.

Estas familias, que se autoincluyen en una "lista negra" de pisos situados en el ala derecha de la urbanización —espacio que reclama la dueña de los terrenos— ya iniciaron procesos judiciales denunciando a las dos empresas responsables de la presunta estafa, pero temen que todo ésto "no sea suficiente" por lo que ven peligrar "injustamente" sus viviendas y su dinero, una media de 150.000 euros por apartamento.